Giro en la estrategia: el Gobierno apelará el fallo por Aerolíneas y buscará evitar el pago de US$390 millones

La Casa Rosada decidió dar pelea hasta el final. El Gobierno presentará este miércoles un pedido de revisión ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia para intentar revertir el fallo que lo obliga a pagar más de US$390 millones a Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.

Según pudo saber TN, la Procuración del Tesoro ultimaba este martes los detalles del escrito que ingresará un día antes del vencimiento del plazo, previsto para el jueves 20 de agosto. La estrategia la lidera el procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a los subprocuradores Santiago Castro Videla, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira.

¿Por qué la apelación ante la misma Cámara?

La defensa argentina evaluó durante semanas si ir directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos o agotar primero la instancia intermedia. Finalmente optó por pedirle a la Cámara de Apelaciones que revise su propia decisión, la misma que el 21 de julio confirmó la sentencia contra el Estado argentino.

La presentación no incluirá un pedido específico para suspender el cobro de la condena. En Nación consideran que esa herramienta no corresponde en esta etapa del expediente, aunque analizan otra alternativa procesal que mantienen en reserva.

El objetivo inmediato es claro: evitar que quede consolidado el pago de US$390.907.115,55, más los intereses acumulados desde diciembre de 2024. Titan Consortium también busca avanzar sobre activos argentinos en Estados Unidos para cobrar la sentencia.

El conflicto se originó en 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández expropió Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo español Marsans. Las empresas accionistas recurrieron al CIADI, el tribunal del Banco Mundial que dirime disputas entre Estados e inversores extranjeros.

En 2017, el CIADI condenó a la Argentina a pagar unos US$321 millones, más intereses y costas. El Estado intentó anular esa decisión, pero el planteo fue rechazado en 2019. Como el organismo arbitral no ejecuta sus condenas, los acreedores deben acudir a tribunales nacionales para intentar cobrar.

Los derechos económicos del juicio terminaron en manos de Titan Consortium, que en 2021 pidió a la Justicia federal de Washington el reconocimiento y la ejecución del laudo. Con los intereses, la cifra ya supera los US$390 millones.

La discusión que llegó a la Cámara de Apelaciones no se centró en las condiciones de la estatización, sino en el plazo que tenía Titan para reclamar. Argentina sostenía que la acción había prescripto por aplicar un período de tres años, pero los tribunales estadounidenses determinaron que correspondía uno de doce, lo que mantuvo vivo el reclamo.

¿Qué pasa ahora?

La defensa argentina intentará que la Cámara reexamine su resolución. El planteo puede apuntar a una nueva evaluación de los jueces que intervinieron o solicitar una revisión más amplia. El Gobierno no anticipa el alcance del escrito para no revelar su estrategia.

Este camino extiende los plazos antes de una eventual llegada a la Corte Suprema de Estados Unidos. En el Ejecutivo ya habían advertido que pedir primero la revisión ante la Cámara permitía conservar la posibilidad de acudir al máximo tribunal si el resultado volvía a ser adverso.

La Corte Suprema queda como la siguiente alternativa, pero su intervención no es automática: los jueces deciden qué casos aceptan. En la Casa Rosada sostienen que la política es estirar los tiempos de todos los litigios relevantes contra el Estado, como ocurre en el juicio por YPF, donde recientemente se consiguieron decisiones favorables en instancias de apelación.

El fallo no condena a Aerolíneas Argentinas como empresa, sino al Estado nacional por la expropiación de 2008. La hoja de ruta inmediata se concentra en la presentación de este miércoles: la Argentina pedirá que la Cámara revise su decisión y, si no logra revertirla, mantendrá abierta la posibilidad de llegar a la Corte Suprema para evitar el desembolso de más de US$390 millones.