Gay movió la causa a la Justicia Federal: los chats clave que complican a un testigo
La causa por las operaciones con moneda extranjera fuera del sistema ya no queda solo en manos del fiscal Gay: la Justicia Federal y el Banco Central ahora tienen los antecedentes. Pero lo que más complica al expediente son los chats: contradicen a un testigo sobre los montos.
El fiscal Miguel Ángel Gay, al frente de la UFI Delitos contra la Propiedad, dio un paso que puede cambiar el rumbo de una causa por maniobras con moneda extranjera en San Juan: envió los antecedentes a la Justicia Federal y al Banco Central de la República Argentina para que analicen si hubo infracciones al Régimen Penal Cambiario.
La investigación se centra en presuntas compras y ventas de divisas por fuera del sistema financiero autorizado. Según el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, una de las transacciones habría llegado a los 22 millones de pesos.
Quiénes aparecen en las actuaciones
En ese contexto, la documentación menciona a Jorge Emanuel Macías, señalado como presunto partícipe de las maniobras investigadas. No es el único nombre que surge del expediente.
El fiscal Gay también puso en conocimiento de la Unidad Fiscal Genérica la posible comisión del delito de falso testimonio por parte de Wilson Adrián Díaz, quien declaró como testigo en la causa.
De acuerdo con el escrito fiscal, su declaración presentaría contradicciones con los datos extraídos de los dispositivos telefónicos, sobre todo en lo referido a los montos de las operaciones que se investigan.
La otra línea: billetes falsos
El expediente abrió además un camino paralelo. Investigan a Laura Naranjo, esposa de Macías, por antecedentes vinculados con la presunta tenencia de moneda extranjera falsa o apócrifa y su eventual comercialización.
Ese material también fue remitido a la Justicia Federal, con comunicación al Banco Central, para que se determine si corresponde avanzar con actuaciones dentro de sus competencias.
Sin condena y con la investigación abierta
Las derivaciones no implican una condena ni acreditan por sí mismas la comisión de los delitos. Se trata de remisiones hechas en el marco de una investigación en curso, para que las autoridades competentes analicen los elementos reunidos y definan los próximos pasos.
