Insistió con que las causas en su contra son una persecución política y esta vez apuntó a sus choques con el poder. Lo que dijo la Corte sobre el desafuero y el otro expediente que sigue abierto.
El diputado provincial Javier Galán (MID) volvió a salir a responder por las causas que lo rodean y lo hizo con una acusación de fondo: sostiene que todo el proceso judicial en su contra responde a una persecución política. El argumento no es nuevo —lo repite desde abril, cuando se conocieron las primeras denuncias—, pero ahora lo vinculó directamente con sus posturas en la Cámara baja.
"Desde que asumí mi responsabilidad como diputado elegí no callarme frente a situaciones que considero injustas. He cuestionado decisiones del Gobierno, he reclamado transparencia, he denunciado situaciones que afectan a nuestra provincia y he defendido posiciones que muchas veces incomodan al poder", expresó el legislador.
Y completó: "Desde entonces también he tenido que enfrentar situaciones judiciales y cuestionamientos públicos que considero parte de una persecución política".
El antecedente de junio
La lectura de Galán ya había quedado expuesta meses atrás. En junio, en otro mensaje público, había asegurado que desde el primer día tuvo la sensación de que "el resultado político ya estaba escrito".
"Antes de que existieran pruebas, antes de que hubiera una investigación y antes de que la Justicia avanzara, ya se hablaba públicamente de desafuero, de apartarme del cargo y hasta de mi reemplazo", había planteado entonces.
En esa misma línea, había advertido que le preocupaba "que algunos parezcan más interesados en sacarme del medio que en conocer la verdad". Y en agosto, en la previa de una audiencia en Apelaciones, había insistido: "Una denuncia no es una condena, una pericia psicológica no es una sentencia, y ser acusado no significa ser culpable".
La defensa apunta a la Corte Suprema
El nuevo descargo del diputado se conoció mientras su defensa intenta llevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación los planteos contra la investigación preliminar que debe definir si corresponde su desafuero. Ese trámite nació con la denuncia por presunto abuso sexual y peculado de servicios presentada en abril.
En junio, la defensa había pedido que se extinguiera la acción penal por el vencimiento del plazo de dos meses que fija el Código Procesal Penal para investigar a funcionarios con fueros. El juez de Garantías Marcelo Sago rechazó el planteo, al entender que las demoras respondían a presentaciones de la propia defensa.
La Cámara de Apelaciones respaldó esa decisión. En septiembre, además, declaró inconstitucional el plazo para este caso, al considerar las obligaciones del Estado frente a las denuncias de violencia contra las mujeres.
A mediados de octubre, la Sala Penal de la Corte de Justicia declaró inadmisible la casación de la defensa, que ahora interpuso un recurso extraordinario.
Qué dijo la Corte y qué viene
Tras aquel fallo, la ministra de la Corte Fernanda Rosales aclaró que el tribunal resolvió una cuestión procesal, sin pronunciarse sobre la responsabilidad del diputado. En diálogo con "Fuego Cruzado", de Ancasti Streaming, explicó que, si el juez solicita el desafuero, la decisión quedará en manos de la Legislatura, que deberá resolverla con dos tercios de los votos.
"Estamos hablando de esta etapa muy preliminar del proceso", remarcó la magistrada.
El otro expediente
Galán tiene abierto además otro expediente, iniciado por Iván Luna Avellaneda. En esa causa, Apelaciones confirmó en septiembre el pedido de desafuero por presunto peculado de servicios. Al mismo tiempo, dejó sin efecto el pedido por amenazas agravadas y exacciones ilegales.
El legislador negó desde el comienzo todas las acusaciones en su contra. Ya en junio había dejado una frase que resume su postura: "La verdad tarda más que los titulares, pero siempre termina apareciendo".
