El Banco Santa Fe absorberá a los bancos de Entre Ríos y San Juan, y el gobierno provincial asegura que el contrato como agente financiero no se toca. Pero una diputada quiere ver los papeles: qué pidió y qué respondió el ministro.
El Grupo Petersen avanza con la absorción de dos de sus bancos por parte del Nuevo Banco de Santa Fe, y el gobierno provincial salió a llevar tranquilidad sobre el contrato que lo vincula como agente financiero. La diputada Lucila De Ponti pidió informes formales y el ministro Pablo Olivares respondió que no habrá cambios en la persona jurídica.
Qué dijo el ministro
Pablo Olivares, titular de Economía de Santa Fe, explicó que la operación es una fusión por absorción: el Nuevo Banco de Santa Fe absorbe a sus pares de Entre Ríos y San Juan, sin crear una nueva sociedad. «Como cuestión principal, es una fusión por absorción de una de las tres entidades. Una entidad absorbe a las otras dos. No se crea una persona jurídica nueva. Y la entidad absorbente es el Nuevo Banco de Santa Fe», detalló el funcionario.
En ese marco, aseguró que el contrato de agente financiero continuará vigente sin modificaciones siempre que se cumplan las obligaciones asumidas. «En tanto todas las obligaciones del contrato de vinculación se sigan cumpliendo, no hay obstáculos», afirmó.
El pedido de informes de De Ponti
La diputada provincial Lucila De Ponti presentó un proyecto de comunicación el 19 de noviembre para conocer los alcances de la fusión y sus efectos sobre el contrato que une al banco con el Estado santafesino. La legisladora busca precisiones sobre la cobertura territorial, la calidad del servicio, las obligaciones de financiamiento y las cuentas públicas y de los trabajadores estatales.
Según relató De Ponti, durante la visita de Olivares a la Cámara de Diputados por el debate del Presupuesto provincial, el ministro les transmitió que la operación se haría con el Banco Santa Fe como base, sin cambios en su composición accionaria ni en su razón social. Sin embargo, consideró necesario contar con información oficial y documentada. «Nosotros presentamos la comunicación porque queremos la información oficial y formal», explicó.
El proyecto también pregunta si el agente financiero notificó formalmente a la Provincia sobre los cambios societarios y, de haberlo hecho, solicita una copia de esa comunicación. Además, indaga si la fusión implica modificaciones en las condiciones del Contrato de Vinculación, en especial en calidad del servicio y cobertura territorial, y si habrá cambios administrativos para las cuentas del Estado y de los trabajadores, jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del banco.
El contrato y los recaudos legales
El vínculo contractual se firmó en 2019 tras la Licitación Pública Nº 23/19 y fue prorrogado por cinco años en marzo de 2025. El acuerdo exige al banco cumplir con cobertura geográfica, cantidad de cajeros automáticos, financiamiento para sectores productivos, líneas de crédito para municipios y comunas, y el pago de un canon a la Provincia.
De Ponti destacó que el pliego licitatorio considera incumplimiento grave la venta total del paquete accionario sin autorización previa de la autoridad de aplicación, así como la transferencia o cesión de derechos y acciones derivados del contrato. Esas situaciones podrían habilitar la rescisión del acuerdo y la pérdida de la garantía de cumplimiento. La legisladora también recordó que la Ley 11.387 creó una comisión bicameral de seguimiento del proceso de privatización del Banco de Santa Fe, encargada de supervisar las obligaciones del adjudicatario.
Una integración para ganar escala
La fusión forma parte de la estrategia del Grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, para integrar tres de sus entidades: el Nuevo Banco de Santa Fe, el Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa) y el Banco de San Juan. El objetivo es unificar estructuras, ganar escala y ampliar la capacidad de financiamiento del holding, con el Banco Santa Fe como sociedad absorbente.
La nueva entidad tendrá presencia en varias provincias y buscará competir con los principales bancos del sistema financiero argentino, además de mejorar la eficiencia operativa y ampliar el volumen de negocios en sectores como agroindustria, energía, minería y actividad productiva. El Banco Santa Cruz, también del grupo, quedará fuera de esta integración.
La instrumentación de la fusión deberá respetar las obligaciones que cada entidad mantiene en sus jurisdicciones. En Santa Fe, la atención está puesta en cómo se garantizará que la integración no afecte los servicios ni las condiciones pactadas con la Provincia.