Funcionario del IPV perdió una jefatura tras 13 años y el Gobierno le negó su restitución

El Gobierno de Mendoza rechazó el reclamo de un licenciado en Sociología que buscaba recuperar la jefatura que ocupó durante más de una década en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), junto con los adicionales salariales que percibía por ese cargo.

El hombre, que continúa trabajando en el organismo pero ya no ejerce como jefe del Departamento de la Unidad de Planificación Estratégica, había sido designado en esa función en febrero de 2012. A fines de 2025, el Directorio del IPV decidió revocarle el puesto en el marco de una reestructuración interna.

Quién es el funcionario y cómo llegó al cargo

El trabajador ingresó al IPV en 2001 y en 2008 pasó a la planta permanente, con Clase 15 del Régimen Salarial 15, dentro del escalafón profesional. Su designación como jefe llegó el 28 de febrero de 2012, mediante la Resolución 231/12, con el correspondiente adicional FONAVI.

Esa situación se mantuvo durante varios años, hasta que el organismo modificó su estructura interna. El 30 de diciembre de 2025, el Directorio dictó la Resolución 1766/2025 y dejó sin efecto aquella designación. El argumento central fue la necesidad de adecuar las funciones del personal jerárquico a las nuevas necesidades del servicio.

El reclamo del sociólogo

El profesional no aceptó la decisión y presentó primero un recurso de revocatoria ante el propio IPV. Al ser rechazado, elevó el reclamo al Poder Ejecutivo provincial, donde pidió que se anularan las resoluciones y se lo restituyera en el cargo, con el reconocimiento retroactivo de los derechos jerárquicos y salariales.

Uno de sus planteos apuntó a una supuesta falla en la notificación de la resolución que dispuso el cambio. Sin embargo, los organismos jurídicos entendieron que el error formal no había provocado un perjuicio concreto que justificara anular la medida.

La respuesta del Gobierno

La respuesta oficial fue que el funcionario no perdió su condición de empleado del IPV ni fue desplazado de su situación de revista original. Lo que se dejó sin efecto fue específicamente su designación en una función jerárquica que, según el análisis del Gobierno, no había sido obtenida mediante concurso ni como consecuencia de un ascenso dentro de la carrera administrativa.

El Ejecutivo consideró que esa designación, realizada por el Directorio dentro de sus facultades para asignar funciones, tenía carácter temporal, aunque se hubiera extendido durante varios años. El dictamen jurídico fue contundente: la reorganización podía implicar modificaciones en las funciones del personal jerárquico y la jefatura no otorgaba, por sí sola, estabilidad permanente en ese puesto.

Además, se recordó que la normativa provincial establece el concurso como mecanismo para acceder a cargos efectivos de mayor jerarquía en la Administración Pública.

Qué pasa ahora

Con esos argumentos, el gobernador Alfredo Cornejo aceptó formalmente pero rechazó en lo sustancial el recurso. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, agota la instancia administrativa, pero el funcionario todavía puede cuestionarla ante la Justicia mediante una acción procesal administrativa. El plazo para hacerlo es de 30 días corridos desde el día siguiente a la notificación.

Por ahora, el trabajador continuará en el IPV, pero sin la jefatura que ocupó desde 2012 ni los beneficios asociados a esa función.