Fue a pedir una entrevista al municipio y terminó imputada: la acusan de quedarse con una billetera ajena

Una abogada que trabaja como empleada de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán quedó imputada por el presunto hurto de una billetera en una dependencia municipal y por usar después las tarjetas de débito y crédito que había adentro. La Justicia le concedió el arresto domiciliario por 30 días.

La causa está ligada a un episodio ocurrido el 18 de septiembre de 2026, cerca de las 10.30, en el Complejo Ledesma, en la esquina de calle 25 de Mayo y avenida Sarmiento, en la Capital.

La hipótesis de la Fiscalía

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, la imputada llegó al edificio con la excusa de pedir una entrevista con el director del área. De acuerdo con la pesquisa, dijo que quería tratar un supuesto traslado a la Dirección de Deportes.

Siempre según el planteo del MPF, mientras el personal del lugar la atendía, la mujer habría aprovechado un descuido para apoderarse de una billetera que estaba guardada dentro de una mochila. El objeto contenía documentación personal, tarjetas de débito y crédito de distintos bancos y dinero en efectivo.

Los consumos que detectó la investigación

Tras la sustracción, la billetera habría sido usada para hacer compras no autorizadas en comercios de la capital. La pesquisa detectó operaciones por $49.066,71 y $20.550, una compra de $23.000 en un local gastronómico y otra transacción por $50.605,54 en una farmacia de una cadena comercial.

La Fiscalía sostiene que esos gastos provocaron un perjuicio patrimonial a la víctima por el uso ilegítimo de los plásticos. Las medidas dispuestas apuntan a establecer con precisión el recorrido de las tarjetas, identificar los locales donde se hicieron las operaciones y reunir registros de cámaras de seguridad, comprobantes y otros elementos que permitan avanzar.

Qué pidió la Fiscalía y qué resolvió el juez

En la audiencia, la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás pidió que la acusada permaneciera bajo prisión preventiva por 30 días. La representante del MPF explicó que la medida era necesaria para resguardar las diligencias pendientes y evitar que la imputada pudiera entorpecer la producción de pruebas.

Después de escuchar a la Fiscalía y a la defensa, el juez interviniente concedió el plazo cautelar solicitado, pero dispuso que la mujer lo cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario.

De este modo, la letrada y empleada municipal seguirá vinculada a la causa mientras el Ministerio Fiscal profundiza las medidas probatorias. La investigación buscará determinar las circunstancias en las que desapareció la billetera, la trazabilidad de los consumos cuestionados y la eventual responsabilidad penal de la imputada.