Fue a firmar un juicio abreviado por robar un auto y terminó preso por un magnicidio en Colombia

El juez federal Julián Ercolini concedió la extradición a Colombia de Brayan Ferney Cruz Castillo, un exmiembro de una facción disidente de las FARC acusado de haber participado en el atentado que terminó con la vida del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay.

Cruz Castillo, de 30 años, había sido detenido en abril pasado en los tribunales penales de la calle Paraguay al 1500, en pleno centro porteño, cuando se presentó a firmar un juicio abreviado por el robo de un auto. Lo que parecía un trámite judicial rutinario terminó con su captura, ejecutada por la División Seguridad y Custodia del Poder Judicial de la Policía Federal y la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol.

Qué se le atribuye en Colombia

La justicia colombiana lo acusa de los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso restringido o privativo de las fuerzas armadas.

Según la imputación, Cruz Castillo cumplía el rol de “marcador, vigilante y transportador” dentro de una banda dedicada a “la comisión de homicidios y atentados”, función que habría desempeñado entre enero de 2025 y el 20 de junio de ese año en Bogotá.

El auxiliar fiscal Martín Garrido, en representación de la fiscalía federal N° 3 porteña, sostuvo durante el proceso de extradición que los integrantes de la estructura “concertaron una serie de atentados contra la vida y la integridad de personas, con el objetivo de ‘generar miedo, zozobra y pánico en la población, alterando el orden público, la estabilidad institucional y la seguridad colectiva’”.

El Ministerio Público Fiscal informó que los delitos que se le atribuyen a Cruz Castillo podrían encuadrarse en Argentina como asociación ilícita agravada en concurso real con acopio y fabricación de armas, agravados a su vez por la finalidad de aterrorizar a la población.

El plan del atentado

La investigación en Colombia reconstruyó que, entre fines de mayo y principios de junio de 2025, los jefes de la organización habrían ordenado ejecutar un atentado. El plan consistía en colocar una “bomba lapa” en el vehículo que transportaba a la víctima.

De acuerdo con la acusación, Cruz Castillo se habría ubicado estratégicamente en el lugar de salida de Uribe Turbay, hizo un seguimiento visual directo, identificó el auto en el que se movilizaba y transmitió la información a los demás integrantes para que otros instalaran el artefacto explosivo.

El primer intento se produjo el 3 de junio de 2025, cuando la banda colocó un explosivo con base magnética en un vehículo oficial de la custodia del candidato. El ataque no tuvo éxito. Cuatro días después, el 7 de junio, Uribe Turbay fue atacado a tiros mientras daba un discurso en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón, Bogotá. Recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda, y agonizó hasta el 11 de agosto, cuando murió.

Los videos de testigos muestran que un joven de cabello largo se acercó al candidato mientras hablaba, sacó un arma y le disparó directamente a la cabeza. El sicario, de 15 años, usó una pistola Glock 9 milímetros que, según las pesquisas, había sido adquirida en Arizona, Estados Unidos, en 2020.

La conexión con la pareja del acusado

El arma se la entregó Katherine Andrea Martínez, conocida como “Gabriela”, pareja de Cruz Castillo. Tras el atentado, Martínez intentó esconderse en la selva, en el departamento de Caquetá, pero fue capturada. Aceptó su responsabilidad y en febrero pasado fue condenada a 21 años de prisión.

Cómo llegaron a él en Argentina

Los investigadores colombianos atribuyeron el atentado a la Segunda Marquetalia, el grupo disidente de las FARC que lidera alias Iván Márquez. Sospecharon que Cruz Castillo había huido a la Argentina después del ataque y el análisis de direcciones IP lo ubicó en el país.

La fiscalía federal encabezada por Eduardo Taiano profundizó las tareas en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) y encomendó diligencias al “Escuadrón Buenos Aires” de Gendarmería.

También se consultó a la Dirección Nacional de Migraciones, que informó que el imputado estaba en situación irregular y tenía una orden de expulsión vigente, originada por un hurto automotor en la Ciudad de Buenos Aires.

Los pesquisas tomaron contacto con la fiscalía que intervenía en ese expediente porteño y así supieron que el 20 de abril de 2026 Cruz Castillo había aceptado firmar un juicio abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28. Ese día, cuando llegó a los tribunales de la calle Paraguay al 1500, fue detenido.

View this post on Instagram