Dos comercios saqueados y una ruta cortada en Aguas Blancas encendieron la alarma. El Centro Empresarios de Tartagal condenó la violencia, pero apuntó a un problema más profundo que la frontera arrastra hace décadas y que golpea el bolsillo de todo el norte salteño.
El Centro Empresarios de Tartagal condenó los incidentes del martes 10 en Aguas Blancas, donde dos locales fueron saqueados y una ruta quedó cortada, y advirtió que la informalidad en los pasos hacia Bolivia se transforma y sigue golpeando al comercio formal del norte salteño. La entidad reclamó medidas concretas y pidió que las decisiones se tomen con la región, no desde un escritorio en Buenos Aires.
El comunicado no se queda en la repulsa por los hechos de violencia. Reconoce que el reclamo de fondo existe y que las dos principales puertas de Salta hacia Bolivia, Aguas Blancas y Salvador Mazza, funcionan desde hace décadas sobre una economía que el Estado tolera, a veces aprovecha y casi nunca ordena. Ese desorden no se limita a la línea divisoria: impacta en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.
El bagayero que perdió el trabajo y el comerciante que perdió clientes
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, explicó el cambio que se produjo en la actividad. Las compras mayoristas que hoy se cierran por redes sociales en la localidad boliviana de Bermejo ya no necesitan al bagayero: llegan a un depósito de encomiendas y desde allí se despachan a cualquier punto del país. La mercadería que antes cruzaba en bultos ahora viaja con guía y etiqueta.
El resultado es una doble pérdida. El bagayero siente que le quitaron el sustento. El comerciante formal de Tartagal, Salvador Mazza, Orán, Pichanal o Embarcación comprueba que la competencia desleal se volvió más eficiente y llega más lejos. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, según el Centro Empresarios.
La informalidad no desaparece: se transforma. Si un producto ingresa sin pagar los impuestos que afronta el resto de los comerciantes y termina igual en la vidriera de enfrente, da lo mismo si cruzó a pie, en chalana o en un camión de encomiendas. Por eso la entidad apoya que los tours de compras, los colectivos y los camiones de encomiendas pasen obligatoriamente por el escáner de la Aduana en el Área de Control Integrado de Aguas Blancas, y que el mismo criterio se aplique en Salvador Mazza. Controlar donde circula el volumen es más sensato que perseguir al último eslabón de la cadena.
La norma que complicó a los que venden
El segundo eje del reclamo apunta a la falta de coherencia en las decisiones nacionales. En octubre, ARCA dictó la Resolución General 5910, que limitó a 150 dólares diarios por persona lo que un vecino boliviano puede llevarse de lo que compra en la Argentina y prohibió los envases de diez kilos o más. Esa norma golpea justamente el flujo en el que vende el comercio salteño: harina, aceite, arroz y artículos de limpieza que el comprador de Yacuiba o de Bermejo adquiere en un negocio argentino que factura.
Salvador Mazza lo sintió primero. El comercio local habló de una caída de ingresos de entre 25 y 30 por ciento. Los bagayeros de Yacuiba cortaron el puente y los municipios de Salvador Mazza y Aguas Blancas presentaron juntos un amparo. ARCA dio marcha atrás en parte y postergó por 120 días la prohibición de granos y de envases grandes, pero el tope diario sigue en pie.
Para el Centro Empresarios, la ecuación es la peor posible: se endurece la puerta por la que sale lo que la región vende y sigue entornada la puerta por la que entra lo que compite.
El tipo de cambio, un problema que ningún decreto resuelve
El tercer punto es el que ningún decreto puede resolver: el tipo de cambio. Mientras con mil pesos se compre en Bermejo o en Yacuiba bastante más mercadería que en una góndola salteña, miles de familias van a seguir cruzando. Por Aguas Blancas lo hacen entre 3.000 y 4.000 personas por día, y hasta 20.000 en las jornadas pico. Yacuiba, además, atrae cada vez más compradores argentinos.
La entidad aclara que no se trata de impedir que la gente haga rendir su sueldo, sino de que el comercio formal del norte pueda competir en igualdad de condiciones. Hoy lo hace con una mochila de impuestos, tasas y costos que su vecino informal no carga.
Las cinco propuestas para destrabar la frontera
El Centro Empresarios de Tartagal formuló una serie de propuestas concretas para cambiar el escenario:
1. Zona franca para Salta. La provincia reclama hace años una zona franca de comercio para su frontera, pero los proyectos siguen esperando. Jujuy ya llamó a licitación para una en La Quiaca, con una franquicia de compras de hasta 600 dólares por persona. Una zona franca que abarque los departamentos San Martín y Orán, con Tartagal, Salvador Mazza y Aguas Blancas como polos, permitiría bajar la carga impositiva del comercio formal, atraer inversiones y ofrecer precios competitivos con factura. Piden a los legisladores nacionales y provinciales que la pongan en el primer lugar de la agenda y que se complemente con las tiendas libres de impuestos en pasos terrestres que el Gobierno nacional habilitó este año.
2. Contribuyente no categorizado para el comercio informal. Proponen que los negocios que hoy venden mercadería importada sin estar inscriptos en ningún régimen paguen una inscripción como contribuyente no categorizado, con alícuotas municipales y provinciales más altas que las del comercio que cumple con todas sus obligaciones. No se trata de castigar, sino de equiparar: una alícuota diferencial compensa la ventaja de quien hoy no paga nada, suma recursos a los municipios y empuja hacia la formalidad plena. La medida no reemplaza el control aduanero sobre el origen de la mercadería, lo complementa.
3. Controles inteligentes. Escáneres en los pasos de Aguas Blancas y Salvador Mazza, trazabilidad de las encomiendas que salen de la zona y fiscalización real de los depósitos que abastecen al comercio ilegal, en lugar de operativos esporádicos.
4. Mesa regional permanente. Proponen reunir a las cámaras y centros empresarios de los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia con ARCA, la Aduana, Gendarmería, la provincia y los municipios. Los 120 días de postergación de la RG 5910 son la oportunidad para revisarla con quienes viven de la frontera. Las normas de frontera deben discutirse con y en la frontera antes de publicarse en el Boletín Oficial, y no después de un corte de puente o una revuelta social.
5. Una salida para los trabajadores de frontera. Miles de familias de Aguas Blancas y Salvador Mazza viven del traslado de mercadería. Hubo intentos de convertirlos en pequeños importadores registrados que no prosperaron; hay que retomarlos con reglas simples, porque nadie se formaliza si el camino legal es más caro que la informalidad.
El comunicado cierra con una idea fuerza: Aguas Blancas y Salvador Mazza son dos caras de la misma moneda. En una, el conflicto es por cómo entra la mercadería; en la otra, por cómo sale. Tartagal y cada pueblo de los departamentos San Martín y Orán reciben las consecuencias de ambas.
"No pedimos privilegios: pedimos igualdad de condiciones, reglas pensadas desde el norte y que se cumplan para todos", sintetizó la entidad, que busca que quien trabaja en blanco pueda seguir haciéndolo.