El Ejecutivo concentra el 85,82% del Presupuesto 2027 y los municipios reciben bastante menos que en otras provincias. ¿Qué porcentaje queda realmente para cada intendente?
El diputado provincial de la UCR, Juan Carlos Amarilla, adelantó que el bloque radical rechazará el proyecto de Presupuesto Provincial 2027 y puso sobre la mesa una serie de objeciones que van desde la distribución de los recursos hasta las facultades que se le concederían al Poder Ejecutivo.
Lo dijo en el programa radial "Algo Está Pasando", que se emite por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, donde confirmó la postura del radicalismo: consideran que el texto afecta la transparencia y el equilibrio entre los poderes del Estado.
Un presupuesto que llegó tarde a la comisión
El primer punto que marcó Amarilla fue el recorrido legislativo del proyecto. Según criticó, el texto tiene fecha del 30 de octubre pero recién se entregó a los diputados durante la reunión de comisión, después de dos sesiones en las que nunca tomó estado parlamentario.
"No es posible que el presupuesto tenga fecha de ingreso 30 de octubre y que, después de dos sesiones, nunca haya tomado estado parlamentario. Lo normal es que se dé a conocer y se distribuyan los ejemplares a los bloques para su estudio", sostuvo.
El legislador remarcó la magnitud de lo que se discute: unas 90 páginas y una distribución de recursos que supera los cuatro billones de pesos. "Estamos hablando de recursos de todos los formoseños. El estudio debe ser serio y la crítica tiene que estar debidamente fundada", expresó.
Los números de la distribución
Uno de los ejes centrales de su cuestionamiento fue el reparto entre los poderes y los municipios. De acuerdo con los datos que detalló, el Poder Judicial recibe el 3,06% del presupuesto, el Legislativo el 1,12% y el Ejecutivo concentra el 85,82%.
En lo que respecta a los municipios, la participación efectiva llega al 10%, aunque el esquema contempla inicialmente un 12%: el 2% restante queda bajo la órbita del Ministerio de Gobierno.
Para dimensionar la diferencia, Amarilla comparó con otras provincias: Jujuy distribuye el 17%, Tucumán el 16,5%, Chaco el 15,5%, Salta y Santiago del Estero el 15% y Misiones el 12%.
"Formosa es la provincia que menos reparte de coparticipación. No se puede hablar de federalismo mientras se sostenga un sistema de distribución absolutamente injusto", afirmó.
También consideró escasa la asignación al Poder Judicial, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas estructuras que prevé la reciente reforma de su ley orgánica.
Deuda, fondos fiduciarios y "superpoderes"
Otro de los puntos que observó fue la partida destinada al pago de servicios de la deuda pública durante 2027: 1.132 millones de pesos para afrontar compromisos de capital e intereses.
Aunque reconoció que el monto es manejable en relación con el total del presupuesto, sostuvo que su existencia contradice el discurso oficial de una provincia sin endeudamiento.
A eso le sumó la continuidad de los fondos fiduciarios y las facultades que se delegarían al Ejecutivo para modificar partidas, renegociar deudas y contraer obligaciones financieras. "Los fondos fiduciarios representan estructuras paralelas al presupuesto que se sanciona y dificultan todavía más el control y la transparencia", explicó.
Según advirtió, esas autorizaciones permitirían cambios en gastos, endeudamiento, intereses y administración de personal, además de asumir compromisos con garantía de coparticipación federal. "Estos superpoderes desnaturalizan el control que desde el comienzo tiene que ejercer el Poder Legislativo", remarcó.
Planta temporaria que duplica a la permanente
El diputado también se detuvo en la composición del empleo público de los tres poderes y del Tribunal de Cuentas. Según los datos del proyecto, hay 15.183 trabajadores de planta permanente y 25.090 de planta temporaria, lo que totaliza 40.273 empleados.
Frente al año anterior, la planta permanente cae en 478 trabajadores y la temporaria sube en 391. Para Amarilla, esa diferencia es una señal de alerta por sus efectos sobre la estabilidad laboral.
"La planta temporaria prácticamente duplica a la permanente. En la práctica, eso significa precarización laboral, porque los trabajadores dependen de decisiones discrecionales y se afecta su estabilidad", manifestó.
Además, mencionó los 982 cargos que se cubrirían mediante contrataciones directas en el ámbito judicial y pidió precisiones sobre cómo se incorpora ese personal.
La estructura del Tribunal de Cuentas
El organismo que debe fiscalizar a los poderes y a los municipios también fue tema. De acuerdo con las cifras que citó, el Tribunal de Cuentas cuenta con 271 trabajadores de planta permanente y 153 de planta temporaria.
Amarilla planteó si esa dotación alcanza para controlar de manera efectiva al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial y a los 37 municipios y comisiones de fomento de Formosa.
"Con esa cantidad de personal, el control corre el riesgo de convertirse en una cuestión formal y no en un control real", advirtió.
El voto en contra y el debate de fondo
El bloque radical rechazará el proyecto tal como fue presentado. Las objeciones, explicó, no pasan solo por las prioridades en la asignación de recursos, sino también por las atribuciones que se le darían al Ejecutivo.
"Vamos a votar en contra. Hoy no solamente se discute el presupuesto, sino también si existe o no división de poderes", aseguró.
El legislador reconoció que la mayoría oficialista en la Legislatura limita las chances de introducir cambios, pero anticipó que la oposición llevará sus cuestionamientos al recinto. Como contraste, comparó el tratamiento provincial con el debate del presupuesto nacional, donde se realizan reuniones de comisión con funcionarios y legisladores.
Para Amarilla, la discusión presupuestaria debe garantizar información, participación y control, porque se trata de decisiones que comprometen el manejo de los recursos públicos y el funcionamiento institucional de la provincia.