Hay más de $250.000 millones destinados por ley a obras contra las inundaciones. En vez de eso, según la denuncia del defensor del Pueblo de Formosa, el Gobierno los tiene colocados en plazos fijos y títulos públicos justo cuando El Niño empieza a golpear al NEA.
El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, apuntó contra la administración de Javier Milei por no ejecutar los fondos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, un pozo que superaría los $250.000 millones y que, según su denuncia, sigue sin volcarse a las obras para las que fue creado.
El reclamo llega en un momento delicado: varias provincias del NEA ya empezaron a sentir los primeros embates del fenómeno de El Niño, con lluvias copiosas, tormentas y ráfagas fuertes. Para el ombudsman formoseño, esa plata debería estar destinada exclusivamente a prevenir inundaciones y a recuperar tierras productivas.
De dónde sale el dinero del Fondo Hídrico
Gialluca explicó que el fondo se alimenta, por ley, con el 4,31% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles. Ese porcentaje no es libre: tiene una asignación específica dispuesta por la normativa, orientada a financiar obras de defensa contra las crecidas y a la recuperación de suelos productivos.
Sin embargo, según la denuncia del Defensor del Pueblo, en los últimos tres años el Ejecutivo nacional habría retenido más de $250.000 millones sin aplicarlos a esas obras. La acusación sostiene que se hicieron inversiones de bajo monto y que el grueso de los recursos se colocó en títulos públicos y plazos fijos.
Pedidos de informe y una advertencia climática
Frente a este panorama, Gialluca anticipó que volverá a insistir con pedidos de informes al Gobierno nacional para saber qué destino tuvo ese dinero y para exigir que se use conforme a los objetivos que fija la ley.
La inquietud cobra peso en noviembre, el mes en que, de acuerdo con las proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), El Niño alcanzaría uno de sus picos de mayor intensidad. Según las estimaciones que citó el funcionario, la temperatura superficial del Pacífico tropical podría ubicarse unos 3,8 °C por encima del promedio entre noviembre y enero.
Para Gialluca, la dimensión de los daños depende directamente de la capacidad de los gobiernos para anticiparse y tomar medidas preventivas. El fenómeno climático, sostuvo, no tiene por qué convertirse en sinónimo de desastre natural, económico o humanitario.
El defensor remarcó que existen pronósticos y sistemas de alerta temprana que permiten anticipar escenarios de riesgo, pero advirtió que es indispensable que el Gobierno nacional tome decisiones urgentes y vuelque los recursos disponibles a las obras para las cuales fueron creados.
La meta, según planteó, debe ser fortalecer la infraestructura hídrica y proteger especialmente a las comunidades más vulnerables ante posibles inundaciones y otros efectos de los fenómenos climáticos.
