Formosa: la ministra Giménez salió a responder por las residencias socioeducativas

La ministra de la Comunidad de Formosa, Gloria Giménez, rompió el silencio tras las publicaciones que hablan de presuntos maltratos en las residencias socioeducativas de la provincia y confirmó que el Ministerio se presentó ante la Justicia para que se investigue.

Lo hizo después de que circularan versiones sobre hechos de maltrato en esos hogares, un tema que escaló en redes sociales y que la funcionaria calificó como una situación de enorme sensibilidad.

Qué dice la ministra sobre el funcionamiento de los hogares

Giménez sostuvo que la Dirección de Niñez y Adolescencia actúa según los procedimientos establecidos y en coordinación con los organismos judiciales competentes, con el objetivo de proteger de forma integral los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Según explicó, las residencias están bajo seguimiento y control permanente de distintas instancias: el Juzgado de Menores y los organismos del fuero de Familia intervienen en el seguimiento de cada situación particular y en la evaluación de las condiciones de cuidado, dentro de sus competencias.

La ministra también contó que días atrás se hicieron nuevas instancias de control en los hogares, con asesores de Menores y asesores de Cámara, que verificaron el estado de las residencias y las condiciones generales de atención de los chicos alojados.

El descargo completo de Giménez

“Las situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes requieren seriedad, responsabilidad y respeto por los procedimientos. Desde la Dirección de Niñez y Adolescencia se trabaja conforme a las intervenciones y disposiciones de las autoridades competentes, con equipos profesionales que tienen la responsabilidad de acompañar y proteger los derechos de cada niño”, afirmó.

Respecto de las acusaciones que se difundieron, la titular de la cartera comunitaria advirtió sobre el riesgo de instalar afirmaciones generales sin elementos que las respalden.

“Toda denuncia que pudiera dar cuenta de una vulneración de derechos debe ser atendida e investigada por las vías correspondientes, pero ello no habilita a presentar versiones particulares como una descripción comprobada del funcionamiento de todas las residencias, desconocer los mecanismos de supervisión existentes ni convertir una situación de semejante sensibilidad en un espectáculo de exposición y confrontación en las redes sociales”, enumeró.

Y agregó: “Una denuncia debe ser investigada con todas las garantías, por ello nos presentamos ante la justicia solicitando que se investigue. Pero también es necesario actuar con responsabilidad al informar, distinguir entre hechos comprobados y afirmaciones pendientes de verificación, y evitar conclusiones generalizadas que no reflejen la totalidad de las actuaciones institucionales. Mucho menos corresponde difundir comentarios infundados como si fueran verdades, porque eso solo genera confusión en la comunidad y perjudica el abordaje responsable”.

El costado humano que pidió poner en valor

Más allá de los protocolos y los controles, Giménez pidió mirar la dimensión humana y social del trabajo en estos dispositivos. Recordó que los chicos llegan a las residencias después de atravesar situaciones de vulneración de derechos que exigen intervenciones de protección y, en muchos casos, el apartamiento temporal de su entorno familiar.

En ese marco, remarcó que cuidar no es solo garantizar condiciones materiales y cumplir protocolos: también implica ofrecer un ambiente cálido, seguro y de contención, donde cada niño pueda sentirse acompañado y respetado.

“Cuando un niño ingresa a una residencia, hay una historia y una situación de vulnerabilidad detrás que no podemos desconocer. Asumimos la responsabilidad de cuidarlo y de brindarle un espacio donde se sienta seguro, querido y contenido. No se trata solamente de cumplir procedimientos, que son indispensables, sino también de garantizar un trato humano y respetuoso, porque el cuidado integral es parte esencial de la protección de sus derechos”, expresó.

La funcionaria subrayó además que el tratamiento público de estos temas debe contemplar el derecho de niñas, niños y adolescentes a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de su dignidad, para evitar que la exposición mediática genere nuevas situaciones de vulnerabilidad.

Por último, ratificó el compromiso del Ministerio de la Comunidad con la protección integral de la infancia y la adolescencia, el cumplimiento de las disposiciones judiciales y el fortalecimiento de los mecanismos de cuidado y supervisión. Y convocó a los medios y a la comunidad a tratar estos casos con rigor informativo, sin anticipar conclusiones ni presentar acusaciones no verificadas como verdades definitivas.