Formosa junta firmas para que el Congreso alivie las deudas de 229.515 familias

Organismos públicos y organizaciones sociales de Formosa avanzan en una iniciativa para prevenir y atender el sobreendeudamiento de las familias de la provincia. Entre las acciones previstas está la recolección de firmas para respaldar un proyecto de ley que será elevado al Congreso de la Nación.

La propuesta surgió de una reunión interdisciplinaria en la Defensoría del Pueblo, con la participación del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), la Municipalidad de Formosa, la Legislatura provincial, la Fundación Formosa Crece, la Asociación Camino Azul TEA y la Fundación Unidos por el Dolor.

En el encuentro se recopilaron antecedentes sobre la problemática y se acordó lanzar una campaña de recolección de firmas en distintos puntos de la provincia, cuyos lugares y fechas se informarán previamente. También se prevé habilitar espacios de asesoramiento y gestión para quienes atraviesan situaciones de endeudamiento.

Advertencias para no agravar las deudas

Los participantes remarcaron que una persona endeudada no debería tomar una nueva deuda para cancelar otra, ocultar su situación a la familia ni recurrir a prestamistas informales. Según explicaron, la desesperación puede convertir una deuda manejable en una crisis patrimonial.

Entre las prácticas consideradas perjudiciales se mencionaron los créditos exprés, las financieras de barrio, las aplicaciones de préstamos de dudosa procedencia y los prestamistas particulares, por las altas tasas de interés y, en algunos casos, por métodos de cobranza agresivos o ilegales.

También se recomendó evitar el pago recurrente del mínimo de las tarjetas de crédito, ya que los intereses se acumulan sobre el saldo pendiente y pueden incrementar considerablemente la deuda. Asimismo, se desaconsejó el uso habitual del descubierto bancario y los adelantos de efectivo con tarjetas, que incluyen comisiones y tasas desde el momento de la extracción.

Desde el espacio pidieron no desatender los avisos de deuda ni ignorar los contactos de las entidades financieras o estudios de cobranza. Según indicaron, desentenderse no elimina la obligación y puede derivar en instancias judiciales, embargos y deterioro de la situación crediticia.

También recomendaron establecer prioridades al afrontar las obligaciones y analizar qué deudas tienen mayores costos o ponen en riesgo bienes esenciales, como la vivienda o las herramientas de trabajo. En cuanto a las refinanciaciones, advirtieron que no debería firmarse un nuevo convenio si la cuota supera la capacidad real de pago mensual, ya que un incumplimiento posterior puede anular los beneficios obtenidos.

Pedido al Banco Central

Otra de las acciones acordadas fue un pedido al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que modifique la exhibición del Costo Financiero Total (CFT) de los préstamos. El planteo, dirigido a Santiago Bausili, titular del BCRA, busca que exista una advertencia visible y clara sobre cuánto terminará pagando una persona al tomar un crédito.

Más de 229 mil deudores en Formosa

Según datos del Centro de Deudores del Banco Central (CENDEU) mencionados durante la reunión, más de seis millones de argentinos presentan pagos atrasados. En Formosa se contabilizan 229.515 deudores únicos con obligaciones en el sistema financiero, cifra a la que se suma el endeudamiento por fuera del sistema tradicional.

Los participantes consideraron que una mayor transparencia en la información sobre los créditos podría ser una herramienta adicional, aunque señalaron que se trata de una medida complementaria. Sostuvieron que la solución de fondo requiere la aprobación por parte del Congreso de programas de desendeudamiento y tratamiento del sobreendeudamiento, junto con medidas de alivio financiero y reestructuración de deudas familiares.

Entre las propuestas también se incluye modificar la Ley de Tarjetas de Crédito para reducir las tasas de interés, fortalecer el control estatal sobre fintech, billeteras virtuales y financieras de consumo, y reforzar la supervisión de créditos ofrecidos por supermercados, mutuales, cooperativas y cadenas de electrodomésticos.