Firmó un papel para un trámite del banco, pero era la casa: la historia de Pocha a los 89

María Isabel "Pocha" Flores tiene 89 años y sigue viviendo en la casa que construyó junto a su esposo en Caleta Olivia. Pero detrás de esa rutina hay una trama judicial que la tiene como protagonista involuntaria: una firma que, según su defensa, terminó transfiriendo el inmueble a uno de sus hijos y desató una cadena de causas civiles y penales que todavía no tiene resolución firme.

La firma que lo cambió todo

Según la denuncia que dio origen a la investigación, José Walter Avellaneda Flores —uno de sus hijos— habría llevado a su madre a firmar documentación con la excusa de un trámite vinculado a un plazo fijo que había dejado su esposo, fallecido en 2022.

La acusación sostiene que esos papeles, en realidad, sirvieron para transferir la propiedad y después venderla. La operación de venta de la vivienda está fechada en septiembre de 2023. El caso salió a la luz cuando Daniel Avellaneda, otro de los hijos de Pocha, volvió desde Europa y advirtió la situación en la que estaba su madre.

La presentación también alcanzó a otros bienes: se cuestionó la disposición de dos vehículos y el manejo de los ingresos de la jubilada. Son parte del cuadro de acusaciones, no hechos ya acreditados en la Justicia.

José Avellaneda negó las acusaciones en una presentación pública posterior. Dijo que las operaciones se hicieron con conocimiento de la familia, rechazó haber actuado de mala fe y aseguró que respondería ante la Justicia.

La casa que se vendió y volvió a venderse

El conflicto no terminó con la primera transferencia. El abogado de la familia, Daniel Aybar, explicó en distintas entrevistas que la propiedad fue adquirida después por otra persona y luego revendida a un valor superior.

Aybar cuestionó la operación inicial y sostuvo que la cesión de derechos se habría hecho por un monto muy por debajo del valor real del inmueble. En una entrevista de marzo de 2025 afirmó que la casa, dos vehículos y un plazo fijo quedaron comprendidos en una operación por $10 millones, y que después el inmueble se habría revendido por más de $60 millones. Son cifras aportadas por la defensa, no una valuación judicial.

En paralelo, la Justicia penal empezó a juntar documentación y testimonios. En una de las etapas se pidió el expediente civil de la sucesión y se avanzó con la citación de testigos y pedidos de información a bancos y entidades crediticias.

El punto que reavivó el caso: una notificación trucha

El capítulo más reciente tiene que ver con la sucesión del esposo de Pocha. Según la defensa, en ese proceso había tres herederos: la propia Pocha y sus hijos José y Daniel Avellaneda. Daniel vive en España desde hace años y debía ser notificado para poder presentarse formalmente en el expediente.

La acusación sostiene que José Avellaneda informó un domicilio incorrecto de su hermano en Caleta Olivia. Así, Daniel no habría recibido la notificación que le permitía intervenir en la sucesión.

El dato clave: según la información difundida sobre la resolución judicial reciente, la jueza Mónica Navarrete habría considerado acreditado que la cédula usada para esa notificación era falsa. Sin embargo, el juzgado entendió que esa irregularidad no tenía suficiente peso como para invalidar todos los actos posteriores del proceso sucesorio.

La controversia, entonces, no pasa solo por saber si hubo falsificación, sino por definir qué consecuencias jurídicas tiene ese vicio sobre todo lo que vino después. La defensa de Pocha apeló ante la Cámara de Apelaciones y espera que revise la decisión.

Cuatro causas y la disputa por la casa

Mientras avanza esa apelación, hay otros expedientes vinculados a la propiedad. Aybar señaló que son cuatro los procesos relacionados con el caso: uno cuestiona la escritura o cesión de derechos de la transferencia; otro es penal y busca determinar si existió un delito; y un cuarto frente judicial es una acción de reivindicación iniciada por quien hoy reclama derechos sobre el inmueble.

Esa reivindicación es el riesgo más inmediato para Pocha: quien figura como adquirente pide judicialmente la restitución de la propiedad, lo que podría derivar en que la mujer tenga que abandonar la vivienda si las decisiones le son adversas.

Por ahora eso no ocurrió. Pocha sigue viviendo en la casa porque existe una medida cautelar de no innovar dictada anteriormente, según informó su abogado. Esa medida mantiene la situación actual mientras se resuelven las controversias.

Por qué el caso todavía no está cerrado

La complejidad del expediente surge de varias discusiones superpuestas. Por un lado, la denuncia original por una presunta estafa y la validez de los documentos con los que se transfirió la vivienda. Por otro, la sucesión y la notificación de uno de los herederos. Y, además, una discusión patrimonial con terceros que adquirieron después el inmueble.

A esto se suma una cuestión central: que una irregularidad haya sido considerada acreditada en una parte del expediente no significa automáticamente que todas las operaciones posteriores queden anuladas. Esa es, justamente, la discusión que ahora debe revisar la instancia de apelación.

La defensa de Pocha sostiene que las actuaciones deben analizarse como parte de una misma cadena y anticipó que agotará las vías recursivas disponibles. Incluso dejó planteada la posibilidad de llegar, eventualmente, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por ahora, el dato concreto es que María Isabel "Pocha" Flores sigue en su casa de Caleta Olivia, mientras la Justicia debe resolver qué validez tienen las actuaciones cuestionadas y si el inmueble permanece en manos de quienes hoy reclaman su propiedad o si se revierte la cadena de transferencias cuestionada por la familia.

El caso, además, mantiene una dimensión penal abierta: la investigación busca determinar responsabilidades individuales y establecer si los hechos denunciados constituyeron delitos. Hasta que esas investigaciones y procesos concluyan, corresponde hablar de presuntas maniobras, denuncias y responsabilidades en investigación, y no de culpabilidades definitivas.

Con información de El Caletense.