Firmaron un convenio clave contra la violencia de género: los detalles que no contaron

¿Sabés qué implica el nuevo convenio entre Catamarca y Buenos Aires? Te contamos los puntos clave del acuerdo que busca prevenir la violencia de género y promover la igualdad.

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Firmaron un convenio clave contra la violencia de género: los detalles que no contaron

El gobierno de Catamarca y la provincia de Buenos Aires sellaron un acuerdo para combatir la violencia de género. La firma del convenio contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil y busca coordinar políticas de prevención e igualdad en ambas jurisdicciones.

El Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, encabezado por Alberto Natella, y el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, a cargo de Estela Díaz, rubricaron el acuerdo en un acto oficial. El convenio se enmarca en el acuerdo general de cooperación entre ambas provincias, con el objetivo de profundizar la relación institucional en distintas áreas.

La iniciativa apunta a crear un espacio permanente de colaboración para intercambiar experiencias, diseñar estrategias de prevención y abordaje de las violencias por motivos de género, y promover la igualdad. También se prevé el desarrollo de programas de capacitación para agentes del Estado en todos los niveles de gestión.

¿Qué establece la Ley Micaela?

Uno de los ejes centrales del convenio es la capacitación obligatoria en perspectiva de género para trabajadores de la administración pública, en línea con la Ley Micaela. Esta normativa nacional exige formación en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

Además, ambas provincias trabajarán conjuntamente en políticas que fomenten la igualdad de oportunidades laborales para mujeres y personas del colectivo LGTBI+. También intercambiarán experiencias sobre educación sexual integral, prevención de violencias y programas orientados al trabajo con masculinidades, considerados clave para la transformación cultural a largo plazo.

El acuerdo prevé que cada iniciativa se instrumente mediante protocolos específicos, donde se detallarán objetivos, alcances y responsabilidades de cada parte. Las autoridades también acordaron preservar la confidencialidad de la información intercambiada y establecieron mecanismos para resolver posibles diferencias.

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