¿Fin del monopolio de la RTO en Mendoza? El proyecto libertario que promete libre competencia

El bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura mendocina presentó una iniciativa que busca abrir el mercado de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) a cualquier taller mecánico, concesionaria o importador que cumpla con los requisitos técnicos. La propuesta, impulsada por el diputado Nicolás De Pedro Buttini, apunta a modificar la Ley Provincial 9.024 para adherir al régimen nacional de la Ley 24.449 y al Decreto 196/2025.

¿Qué cambiaría con la nueva ley?

De aprobarse el proyecto, se eliminarían los cupos, límites territoriales y exclusividades zonales que actualmente rigen el servicio. Los fundamentos de la iniciativa sostienen que el sistema actual genera una oferta limitada de centros de revisión, mayores costos para los usuarios y demoras en el trámite. La idea es replicar en Mendoza la desregulación que la Nación puso en marcha este año, con la digitalización total del certificado y la habilitación de nuevos prestadores.

¿Qué dice el Gobierno provincial?

En el Ejecutivo mendocino reconocen que no es estrictamente necesario modificar la ley provincial, pero señalan que incorporar estos cambios representa una oportunidad para consolidar la armonización normativa con la Nación, brindar mayor seguridad jurídica y evitar futuras interpretaciones contradictorias.

El proyecto mantiene las facultades de control del Estado provincial. La Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial continuará siendo la autoridad encargada de fiscalizar y registrar a los talleres habilitados, además de garantizar la interoperabilidad con el sistema nacional.

Los detalles del proyecto de ley

La iniciativa, que lleva las firmas de De Pedro Buttini, Federico Palazzo, María Inés Ramos y Fernanda Kaufman, propone la sustitución del artículo 35 de la Ley 9.024 y la incorporación del artículo 35 bis. Entre los puntos clave, se establece que el servicio de RTO se ejercerá bajo el principio de libre competencia, quedando prohibido establecer cupos, límites territoriales o exclusividades zonales.

Además, se deroga la Ley Provincial 9.239 y se dejan sin efecto las restricciones anticompetitivas de la Resolución 106/2018, que limitaban el número de centros por titular y prohibían la multiactividad comercial en los locales de revisión.

El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días para adecuar las plataformas informáticas y los sistemas de control de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial para la plena validación del Certificado Digital de RTO. Vencido ese plazo sin resolución fundada, la habilitación se considerará otorgada provisoriamente.

Con este diseño normativo, el trámite de la RTO se orienta a armonizar la normativa local con el régimen nacional vigente, incorporar herramientas de digitalización e interoperabilidad y eliminar restricciones regulatorias incompatibles con la libre competencia, preservando las facultades de control y fiscalización del Estado.