Figueroa firmó tres decretos y echó a otros tres estatales: qué hicieron para quedar afuera

La política de tolerancia cero que el gobernador Rolando Figueroa aplica sobre la administración pública neuquina sumó esta semana tres nuevas cesantías. Los despidos se concretaron mediante decretos firmados por el propio mandatario y alcanzaron a agentes de planta permanente acusados de abandono de cargo.

Los tres expedientes quedaron cerrados por faltas reiteradas e injustificadas y ya fueron derivados a Recursos Humanos para revisar si los ahora ex empleados cobraron sueldos por los días en que no se presentaron a trabajar.

El caso de Romero: “Fichaba y se iba”

El primero de los despidos recayó sobre Héctor José Adrián Romero, quien revistaba como planta permanente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. La acusación fue abandono de cargo por ausencias sin justificación entre el 2 y el 23 de enero de 2024 y, más tarde, entre el 26 de febrero y el 15 de marzo del mismo año.

Según el expediente, se le garantizó el derecho a la defensa y fue citado a declarar, pero no se presentó. Tampoco hizo ningún descargo. Un testimonio recogido en la causa indicó que se le recomendó cuidar su trabajo y se le asignaron tareas puntuales, aunque el agente “continuó ausentándose”. El mismo relato calificó de “imposible” asignarle una tarea y remarcó que además llegaba tarde.

Los auditores fueron duros en sus conclusiones: de la investigación “se denota la falta de interés no solo en el periodo investigado, sino aun posteriormente, dejando acreditado que no le interesa su empleo, ni cuidar su fuente laboral, dejando a su vez con ello sobrecargado al resto del personal”.

Una autoridad de la dirección general de Protección de Derechos de las Personas Mayores declaró que Romero “aparecía un día y se iba, fichaba y se iba, desapareciendo durante largos períodos de tiempo”.

Pino y Alfaro: dos cesantías en el mismo ministerio

La segunda baja alcanzó a Claudio Alejandro Pino, también de planta permanente, en su caso del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. La causal fue idéntica: abandono de cargo por faltar de manera continua e injustificada entre el 2 de enero y el 30 de julio de 2024, a lo que se sumó el 16 de agosto de ese año.

El expediente sostiene que “este abandono del cargo refleja una conducta intencional, caracterizada por la reiterada omisión al deber de presentarse en el lugar de trabajo”. Y agrega que esa actitud “evidencia un desinterés absoluto, no solo respecto a las responsabilidades inherentes a su función, sino también hacia el impacto negativo que ello genera sobre sus compañeros de trabajo”.

La tercera cesantía fue la de Liliana Graciela Alfaro, quien también era planta permanente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. Se le imputó el mismo abandono de cargo, en este caso por ausencias continuas y sin justificar entre el 3 de junio y el 19 de agosto de 2024.

El expediente menciona cuestiones particulares, pero además deja asentado que “las informaciones proporcionadas por el nexo de Recursos Humanos del ministerio de Gobierno indican continuas inasistencias por parte de la agente Alfaro durante el primer semestre del año 2025”. La conclusión del sumario apunta que “estas conductas reflejan una evidente falta de interés en mantener su empleo, incumpliendo sistemáticamente con los deberes estipulados para los empleados públicos”.

Las áreas esenciales y el destino de los sueldos

Desde el Gobierno provincial defendieron la medida y recordaron que “ni bien asumió, Figueroa puso en marcha la eliminación de los gastos innecesarios del Estado, el fin de los privilegios y la jerarquización de las áreas esenciales: Educación, Seguridad y Salud”.

En esa línea, la gestión redujo la planta política en un 87% y limitó los ingresos: cuando se producen vacantes, solo se cubren en esas tres áreas consideradas indelegables. Durante el fin de semana, el propio gobernador explicó que el 82% del gasto salarial provincial “hemos logrado que vaya a las funciones indelegables del Estado”, es decir, “Salud, Seguridad y Educación”.

Como ocurrió en otras oportunidades, los tres expedientes conocidos este lunes pasaron a Recursos Humanos para determinar si los ex agentes percibieron sueldos durante los días no trabajados. Si se confirma, se iniciarán acciones para recuperar el dinero. En caso de que esas gestiones no prosperen, se dará intervención a la Fiscalía de Estado para reclamar por vía judicial, ante la posible comisión de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública provincial.