Feroz cruce del gobierno provincial contra una jueza: “Si es tan bueno, llevátelo a tu casa”
¿Qué dijo la jueza que enfureció al gobierno? La polémica decisión que dejó a un delincuente adolescente al borde de la impunidad y la respuesta directa de la vocera oficial.
El gobierno provincial salió con los tapones de punta contra la jueza de Responsabilidad Juvenil de Rosario, María Dolores Aguirre Guarrochena, por anular un procedimiento policial realizado con el sistema Lince. La detención de un adolescente de 17 años acusado de una balacera quedó al borde del colapso judicial y la reacción oficial no se hizo esperar.
La vocera del Ejecutivo, Coudannes, fue lapidaria en conferencia de prensa: “Si es tan bueno, llevátelo a tu casa”, disparó, en una frase que ya resuena en los pasillos judiciales.
¿Qué pasó con el sistema Lince?
El hecho ocurrió el 19 de junio en Entre Ríos al 6200. Dos encapuchados en bicicleta abrieron fuego contra la casa de un familiar de un joven preso por abuso sexual. Las cámaras del sistema Lince, que combina videovigilancia con inteligencia artificial, lograron rastrear a los sospechosos hasta un domicilio en España al 7000, donde se arrestó al menor.
Pero al llegar a los Tribunales provinciales, la jueza Aguirre Guarrochena desconoció el operativo y cuestionó el protocolo de flagrancia virtual, una normativa que la Provincia defiende como plenamente vigente. La causa corrió riesgo de caerse, y el Ejecutivo reaccionó con dureza.
“Millones de los santafesinos tirados a la basura”
Coudannes recriminó la decisión: “Hay un gobernador que invierte millones en tecnología, en patrulleros, en ordenar la cuestión operativa, y hay una jueza con una mirada garantista que desconoce un procedimiento que está en un protocolo”. La funcionaria recordó que el ataque a tiros pudo haber sido fatal si impactaba contra una persona.
Desde el Ejecutivo aclararon que el cuestionamiento no es contra todos los magistrados, sino exclusivamente contra esta jueza de Rosario. Insistieron en que el accionar policial fue “una continuidad y una regularidad en el marco de un plan de seguridad robusto” y pidieron una mirada “más fina” de la Justicia al evaluar los protocolos vigentes.
