Femicidio de Érika Álvarez: los $57 millones y la moto nueva que complican a Sosa

El juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez sumó tres testimonios que reconstruyen las horas posteriores al crimen y ponen la lupa sobre los movimientos de Felipe “el Militar” Sosa, el acusado. Retiros bancarios millonarios, una camioneta sometida a una limpieza profunda y la compra de una moto de alta gama son algunos de los datos que se escucharon en la audiencia.

Los testigos declararon ante el tribunal sobre lo que hizo Sosa entre el 8 y el 9 de enero, antes de dejar Tucumán y ser detenido en Buenos Aires. Para la Fiscalía, esos indicios refuerzan la hipótesis de una presunta fuga. En paralelo, las mismas declaraciones abrieron lecturas encontradas sobre el rol de Justina Gordillo, ex pareja del imputado, acusada de encubrimiento.

La camioneta y el lavado de lujo

Patricio Graels, dueño de un lavadero de Yerba Buena, en Lola Mora y Perú, confirmó que el 8 de enero Sosa llevó una Volkswagen Amarok y pidió un servicio especial de limpieza interior. Pagó $21.000 por un tratamiento premium que incluyó lavado, aspirado exhaustivo de asientos y habitáculos, muy distinto al servicio convencional.

El dato no es menor: los investigadores sostienen, a partir de cámaras de seguridad, que esa camioneta habría sido usada para trasladar el cuerpo de Érika hasta el descampado donde fue hallado. Según la acusación, el cadáver habría viajado en el sector trasero del vehículo, justamente una de las zonas alcanzadas por la limpieza solicitada.

La KTM comprada un día antes del viaje

Juan Carlos Yácumo, empleado de una concesionaria, declaró que el 9 de enero Sosa concretó la compra de una motocicleta KTM. En una primera visita había ido a retirar la llave de otra moto que ya tenía, pero el dueño del local le ofreció cambiarla por un modelo más reciente.

La operación se cerró con la entrega del rodado anterior, $4 millones en efectivo y la firma de un documento por US$10.000 por el saldo pendiente y la indumentaria especial que también adquirió. Esa deuda fue cancelada en marzo por el padre de Sosa, precisó el testigo.

Yácumo agregó que, a pedido del comprador, la moto nueva quedó registrada a nombre de Justina Gordillo. Aclaró, de todos modos, que es habitual que quienes compran motos de alta gama las inscriban a nombre de sus parejas o de empresas propias.

Para la Fiscalía, la fecha de la operación y la compra de equipamiento específico para viajar son relevantes porque Sosa se fue de Tucumán al día siguiente. El fiscal Pedro Gallo sostiene que el desplazamiento tuvo como finalidad evitar la intervención de la Justicia y que la compra de la KTM y la indumentaria respaldaría la hipótesis de un viaje planificado.

Los retiros bancarios: $57 millones en un día

El contador público Rodolfo Del Pino, perito del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF), analizó los movimientos bancarios de Sosa y Gordillo entre el 7 y el 16 de enero. Informó que el 8 de enero, un día después del crimen, el principal acusado hizo tres operaciones en distintos bancos de Tucumán y retiró por ventanilla un total de $57 millones.

Los investigadores sospechan que ese dinero, proveniente de empresas vinculadas con Sosa, pudo haber financiado su salida de la provincia.

Las cuentas de Gordillo, en cambio, mostraron una actividad mucho menor. Según el perito, en ese período solo se registraron dos movimientos en su cuenta sueldo por un total de $910.000. No recibió transferencias y los ingresos detectados correspondían exclusivamente a sus haberes como empleada del Poder Judicial. Los abogados de Gordillo usaron esos datos para cuestionar que su defendida haya obtenido un beneficio económico por las presuntas maniobras de encubrimiento.

El cuarto testigo y la tasación de julio

Marcos Vidal, dedicado a la compraventa de motos usadas, relató que en julio de 2025 Gordillo lo contactó para pedirle una tasación del vehículo que Sosa quería vender. Contó que la conocía por su amistad de la infancia con el exmarido de ella y aseguró que nunca supo que fuera aficionada a las motos ni que tuviera una. Dijo, en cambio, que sabía que el rodado pertenecía a su nueva pareja.

Las lecturas de las partes

María Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de Gordillo, consideraron que los testimonios fortalecieron su postura y permitieron establecer que las decisiones sobre la camioneta, la moto y el dinero fueron adoptadas por Sosa. Remarcaron que fue el principal acusado quien llevó la Amarok al lavadero y pidió la limpieza especial, mientras que a Gordillo se le atribuye haber retirado el vehículo después. A su criterio, eso no alcanza para demostrar que participó de un encubrimiento.

Destacaron además que el análisis bancario no detectó extracciones millonarias ni transferencias desde las empresas de Sosa hacia la cuenta de su defendida, incluso después de que se firmaran poderes vinculados con cambios de titularidad de las firmas. Sobre la KTM, señalaron que la inscripción a nombre de Gordillo no prueba que fuera la verdadera propietaria ni que obtuviera un beneficio patrimonial. Sostuvieron que Sosa negoció la compra, hizo los pagos, retiró el vehículo y lo usó para viajar a Buenos Aires, y plantearon que registrar un bien a nombre de una persona de confianza puede ocurrir en el contexto de una separación de pareja.

Con esos argumentos, Abdala y Atim buscan desacreditar que Gordillo haya tenido una finalidad de lucro, un aspecto relevante para determinar si podría invocar la excusa absolutoria que la ley penal prevé para ciertos supuestos de encubrimiento.

La Fiscalía y la querella no compartieron esa interpretación. Gallo evitó hacer una evaluación pública de los testimonios y se limitó a señalar que aún restan declaraciones por incorporar. Carlos Garmendia, abogado de la familia de Érika Álvarez, sostuvo que ninguno de los elementos presentados en la jornada modifica sustancialmente la acusación contra Gordillo. Recordó que la imputación no afirma que ella haya llevado la camioneta al lavadero, sino que fue a retirarla después. Advirtió, además, que la información bancaria analizada hasta ahora es parcial y que todavía deben declarar otras personas que podrían completar la reconstrucción de los hechos.

Qué viene en el juicio

La jornada permitió incorporar pruebas sobre lo que hizo Sosa tras el femicidio, pero dejó abierta la controversia sobre el conocimiento y la eventual participación de Gordillo en las maniobras investigadas.

El debate oral está a cargo de los jueces Eliana Gómez Moreira, Gonzalo Ortega y María Valeria Mibelli, quienes deberán valorar las declaraciones junto con el resto de las pruebas antes de resolver las responsabilidades penales. Por cuestiones de agenda del tribunal y por una jornada inhábil, las audiencias se reanudarán el próximo miércoles. Desde entonces comenzarán a declarar los peritos que hicieron algunas de las tareas más importantes de la investigación, cuyos informes podrían ser decisivos para reconstruir las circunstancias del crimen y los movimientos posteriores de los acusados.