Faltó sin aviso durante meses y ahora el San Roque le reclama una cifra millonaria
¿Cuánto puede costarle a una empleada pública faltar sin aviso durante casi dos años? El San Roque ya tiene la respuesta y el número no es menor: la Provincia le exige la devolución de una suma que supera los seis millones y le puso fecha límite.
El Gobierno de Entre Ríos resolvió que una trabajadora del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná tenga que devolver $6.483.964,07 en concepto de haberes que cobró indebidamente. La decisión llegó al cerrarse un sumario administrativo que tuvo como origen las inasistencias reiteradas y sin justificación registradas durante 2019 y 2020.
El decreto lleva la firma del gobernador Rogelio Frigerio y el refrendo del ministro de Salud, Daniel Ulises Blanzaco. En el mismo instrumento se previó que, si la empleada no cumple con el reintegro, intervendrá Fiscalía de Estado para avanzar por la vía legal y recuperar el dinero.
Cómo se llegó al monto
Según la resolución, fue el Departamento Liquidaciones del Ministerio de Salud el que calculó la deuda. A esa cifra hay que sumarle los intereses acumulados hasta el 31 de julio de 2026 y los que se sigan generando hasta el momento en que se haga efectivo el pago, tomando como referencia la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
La normativa fijó un plazo concreto: la agente tendrá 30 días corridos, improrrogables, contados desde que reciba la notificación formal, para devolver el dinero. El reintegro abarca el capital reclamado más los intereses, y el escrito detalla además el circuito administrativo que deberá cumplir para acreditar ante el Ministerio de Salud que la devolución se concretó.
Qué dicen los registros del hospital
Los antecedentes del expediente indican que la División Recursos Humanos del sanatorio informó sobre una gran cantidad de faltas sin justificación a lo largo de dos años. Las ausencias, de acuerdo con lo asentado, comenzaron en junio de 2019 y se repitieron en los meses posteriores, con especial concentración entre julio y diciembre de ese año.
El problema no terminó ahí: durante el primer semestre de 2020 se volvieron a documentar inasistencias, esta vez entre enero y junio. Toda esa información, con fechas precisas y respaldo documental, quedó incorporada al sumario que derivó en la medida dispuesta por la Provincia.
Si el pago no se produce dentro del período estipulado, el Ejecutivo entrerriano ya dejó activada la alternativa de recurrir a Fiscalía de Estado para iniciar las acciones judiciales correspondientes, tal como pudo saber Elonce.
