Faltaron meses a la oficina y el Estado les siguió pagando el sueldo. Ahora la Provincia no solo los echó: también quiere que devuelvan cada peso.
La administración de Rolando Figueroa sumó dos nuevas cesantías a su ofensiva contra el ausentismo en la administración pública neuquina. Se trata de dos empleados que acumularon meses de inasistencias injustificadas durante 2024 y que ahora también podrían tener que devolver los salarios que cobraron en ese período.
Las medidas quedaron formalizadas en los decretos 1887 y 1888, ambos con la firma del gobernador. Además de separarlos de sus cargos, los documentos ordenan revisar si los ex agentes percibieron haberes mientras no prestaron servicios.
Diez meses sin pisar la oficina
El caso más llamativo es el de Marcelo Luis Reyna, quien revistaba en la planta permanente del ministerio de Gobierno. De acuerdo con la documentación oficial, no concurrió a trabajar entre el 2 de enero y el 31 de octubre de 2024: diez meses corridos de ausencias sin certificados médicos ni licencias que las justificaran.
La Junta de Disciplina encuadró esa conducta como abandono de cargo, según consta en el expediente que derivó en su cesantía.
Reconoció las faltas en el sumario
El segundo caso es el de Emanuel Antonio Ibarra, que se desempeñaba en la Subsecretaría General. El decreto 1887 dispuso su separación tras comprobarse que faltó entre el 2 de mayo y el 30 de agosto de 2024.
Durante el sumario administrativo, Ibarra admitió las inasistencias. La Junta de Disciplina también marcó su desinterés por las obligaciones laborales y por las necesidades del organismo.
La mira puesta en los sueldos
Las cesantías se enmarcan en la política de tolerancia cero frente al incumplimiento de las responsabilidades en la administración pública que el Ejecutivo provincial aplica desde el inicio de la gestión de Figueroa.
En esa línea, el gobierno instruyó al ministerio de Economía a revisar las liquidaciones salariales de ambos ex empleados y a determinar cuánto cobraron mientras estuvieron ausentes. Si se comprueba que recibieron sus haberes sin haber trabajado, la Fiscalía de Estado deberá activar los mecanismos para recuperar esos fondos.
Los decretos sostienen que esos pagos representarían un enriquecimiento sin causa a costa de la administración pública provincial.