Falsificó su propio contrato de alquiler para pagar menos impuestos: lo que encontró la dueña del salón
La dueña del salón pidió ver el contrato que había llegado a las autoridades y se topó con una firma que no era la suya. Lo que siguió terminó con el empresario acusado de falsificar el documento para pagar menos impuestos y un acuerdo que evita el juicio.
El empresario sanjuanino Fernando Daniel Rubiño estaba acusado de haber falseado un contrato de alquiler para reducir la base sobre la que se calculaban impuestos y tasas. Este lunes accedió a una suspensión del juicio a prueba y evitó sentarse en el banquillo de un juicio oral.
El expediente se originó por el alquiler de un salón destinado a la explotación de un boliche y a la realización de eventos durante varios años. De acuerdo con la investigación, Rubiño fue quien redactó el contrato de locación y dejó asentado un valor de alquiler bastante menor al que realmente se había pactado.
¿Para qué falsificó el contrato?
La presunta maniobra buscaba reducir la base imponible que se usaba para calcular tributos y tasas ligados a la habilitación del lugar. En el trámite aparecían involucrados la Municipalidad, Bomberos y otras áreas que otorgan los controles para autorizar eventos.
Todo se destapó cuando la propietaria del inmueble accedió al contrato que se había presentado ante las autoridades. La mujer advirtió que la firma que figuraba en el documento no era la suya y radicó una denuncia penal por la presunta falsificación.
Quiénes intervinieron en la causa
La investigación quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales y también involucró a la Fiscalía de Estado, ya que la maniobra podía haber generado un perjuicio para las arcas públicas. Con la audiencia de formalización a la vuelta de la esquina, la defensa de Rubiño buscó una salida alternativa al proceso.
El fiscal Iván Grassi, que intervino en subrogancia del fiscal Adolfo Díaz, la defensa del empresario y la Fiscalía de Estado —como querellante— llegaron a un acuerdo para aplicar una probation. La jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón homologó el convenio después de verificar, entre otros puntos, el consentimiento expreso de la dueña del salón.
De esta manera, Rubiño deberá cumplir durante un año con las condiciones de la suspensión del juicio a prueba. Entre las obligaciones figuran tareas comunitarias no remuneradas en la Municipalidad de Rawson y una reparación económica vinculada al dinero que, según la investigación, se habría evadido con la maniobra.
El empresario se comprometió a devolver $1.300.000 en tres cuotas. La causa tendrá así una salida alternativa y no llegará a juicio mientras Rubiño cumpla con las condiciones acordadas y homologadas por la jueza.
