Faena clandestina en La Paz: la Justicia cerró el caso en tiempo récord y ahora va por más

El productor venía sufriendo pérdidas millonarias y parecía que nadie iba a responder. La Justicia se movió en 33 días y ya hay un condenado, pero el caso no termina ahí: ahora investigan si hubo más manos en la faena clandestina.

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Faena clandestina en La Paz: la Justicia cerró el caso en tiempo récord y ahora va por más
Faena clandestina en La Paz: la Justicia cerró el caso en tiempo récord y ahora va por más

La Justicia de La Paz resolvió en apenas 33 días una causa por faena clandestina en el establecimiento rural La Yola, en la zona de Sir Leonard. El bovrilense Héctor Micael Luque, de 28 años, fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional como autor material y penalmente responsable del hecho.

La sentencia se alcanzó mediante un acuerdo de juicio abreviado. Eso significa que Luque no cumplirá la pena en una unidad penal siempre que respete las reglas de conducta que le impuso el tribunal.

Los abogados Nicolás Kaiser y Joaquín Ivanovich, representantes del productor afectado, Álvaro Prevero, confirmaron la resolución a Elonce y adelantaron que la investigación no se cierra: seguirán las actuaciones para establecer si hubo más personas involucradas.

Las condiciones que deberá cumplir el condenado

Además de la pena, la Justicia fijó una serie de obligaciones para Luque. Deberá realizar tareas comunitarias, en las condiciones y el lugar que determine el organismo correspondiente.

También se dispuso una prohibición de acercamiento de 1.000 metros al establecimiento rural La Yola, escenario de los hechos. Y se le ordenó no contactar al productor afectado ni realizar actos molestos, intimidatorios o perturbadores contra él.

“Para la víctima, en esta oportunidad, el sistema le dio una respuesta concreta y rápida”, valoró Kaiser.

Las pruebas que apuntaron al acusado

El abogado Ivanovich detalló que distintos elementos recolectados durante la investigación permitieron avanzar sobre la identidad del responsable. Entre ellos mencionó la identificación de la marca y de un botón amarillo colocado en la oreja de uno de los animales, además de otros elementos hallados durante las actuaciones.

A eso se sumaron publicaciones en medios electrónicos. Según precisó el letrado, se analizaron contenidos difundidos mediante estados de WhatsApp y Facebook que contribuyeron a la pesquisa.

Investigan si hubo más responsables

La condena no implica el cierre total de las actuaciones. Los abogados confirmaron que la investigación continuará para determinar si otras personas estuvieron involucradas.

“Lo que se estableció con la defensa y la Fiscalía, y que nosotros avalamos desde esta querella, es que se continúe con la investigación”, explicó Kaiser.

El profesional remarcó que representan los intereses de Prevero y sostuvo que el productor sufrió importantes pérdidas económicas por los episodios registrados en su establecimiento.

Pérdidas superiores a los $20 millones

De acuerdo con lo señalado durante la entrevista, el damnificado sufrió pérdidas por más de 20 millones de pesos en menos de un mes. Si bien anteriormente había atravesado episodios similares de manera aislada, la reiteración y magnitud de los últimos hechos lo llevaron a realizar la denuncia.

“Álvaro sufrió un gran perjuicio en su producción y también en su propiedad privada, porque en cuestión de menos de un mes sufrió pérdidas por más de 20 millones de pesos”, afirmó Kaiser.

El abogado consideró que el caso también generó repercusión entre otros productores rurales afectados por situaciones de similares características.

“Entendemos que es un gran precedente”

Los representantes del productor destacaron la rapidez con la que actuaron los diferentes organismos involucrados y consideraron que la resolución constituye un antecedente importante frente a los delitos que afectan al sector rural.

“Entendemos que es un gran precedente y que la Justicia está tomando cartas en el asunto”, manifestó Kaiser.

También destacó el trabajo realizado por la Fiscalía, la Policía y el Ministerio de Seguridad a través de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales para identificar al responsable.

“Los productores quieren seguir produciendo y para eso necesitan seguridad jurídica y una Justicia que tome medidas. Ahora vamos por ese camino”, concluyó el abogado en diálogo con Elonce.

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