Explotó a un peón durante 10 años en un campo de Federal: la Justicia le puso un precio a la reparación

Un contratista rural de Federal fue condenado por haber explotado laboralmente durante una década a un trabajador que vivía en condiciones que la Justicia calificó como “francamente indignas e inhumanas”. El hombre reconoció los hechos en un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, por lo que no irá a la cárcel.

Se trata de César Antonio Girolami, de 60 años, declarado responsable del delito de trata de una persona mayor de 18 años con fines de explotación laboral, mediante captación y traslado y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la víctima.

Además de la condena, Girolami acordó pagarle al trabajador $22 millones en concepto de reparación integral, según informó la fuente del caso.

Una choza sin agua, luz ni baño: así vivía el trabajador

La víctima es un hombre oriundo de Misiones, actualmente de 45 años, que fue llevado a trabajar en un establecimiento rural ubicado en Distrito Banderas, departamento Federal.

Todo empezó en 2010, cuando un hermanastro del trabajador le presentó a Girolami, que buscaba personal para la estancia “Las Piedras”, de la empresa Doña Inés SA.

Según lo acreditado en la causa, desde al menos 2011 el hombre fue alojado en el paraje La Madrugada, a unos 15 kilómetros del casco de la estancia. Vivía aislado, en una zona inundable, sin agua potable, sin baño y sin electricidad. El piso era de tierra y su vivienda era una estructura precaria hecha con silo bolsa sostenido por palos. La sentencia también determinó que no tenía alimentación suficiente.

La jueza federal Noemí Marta Berros calificó esas condiciones como “francamente indignas e inhumanas”.

Talaba árboles para hacer postes y perdió dedos de una mano

El trabajador declaró que llevaba aproximadamente diez años viviendo de esa manera y que su tarea principal era talar árboles para fabricar postes de alambrado. En ese período sufrió la amputación de algunos dedos de una mano.

La investigación estableció que se trataba de un empleo no registrado y que la remuneración era insuficiente. Otros trabajadores que declararon en la causa aseguraron que Girolami le pagaba “una miseria” y que incluso le descontaba los gastos de nafta y aceite de la motosierra.

Los compañeros también contaron que eran ellos quienes le acercaban agua, comida, ropa y otros elementos básicos ante las condiciones en las que vivía.

Cómo se descubrió la situación

El caso salió a la luz el 15 de diciembre de 2021, cuando representantes de la Secretaría de Trabajo llegaron al lugar después de que empleados del organismo advirtieran cómo vivía el hombre.

Gonzalo Cruz Olier, delegado departamental de Trabajo, dejó asentada la situación en la causa: “Dejamos constancia de que se encontraba en condiciones indignas e inhumanas sin amparo ante las condiciones climáticas”.

El establecimiento fue allanado el 23 de diciembre de 2021 con la participación de Gendarmería Nacional y del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Lo sacaron del campo después de la inspección

La investigación incorporó testimonios de trabajadores del establecimiento, que identificaron a Girolami como responsable de la situación laboral de la víctima. Según declararon, después de la inspección el contratista lo apartó del campo.

“Después de la inspección lo sacó y lo dejó afuera de la tranquera”, señalaron los testigos. Los compañeros también manifestaron preocupación porque el hombre no tenía una red familiar cercana y había generado vínculos con ellos durante los años que trabajó allí.

Juicio abreviado: reconoció los hechos y no irá a prisión

El acuerdo de juicio abreviado se formalizó el 17 de septiembre ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Concepción del Uruguay, con intervención de la vocal subrogante Noemí Marta Berros. La sentencia se firmó el 1º de octubre.

El acuerdo estableció que Girolami captó y trasladó a la víctima desde al menos 2011 hacia distintos campos, situación que se extendió hasta diciembre de 2021 con fines de explotación laboral. Su conducta fue encuadrada en el delito de trata de personas mayores de 18 años con fines de explotación laboral, previsto en el artículo 145 bis del Código Penal.

Para fijar la pena se aplicó la normativa vigente al momento de iniciarse los hechos, por ser más benigna, con una escala de tres a seis años de prisión. Girolami recibió el mínimo: tres años de cumplimiento condicional, al ser su primera condena. También deberá fijar domicilio y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

“Precariedad y cosificación”: los fundamentos de la jueza

Al homologar el acuerdo, Berros consideró que existía un amplio cuadro probatorio con testimonios de trabajadores y el informe de profesionales del Programa Nacional de Rescate.

“En su plan criminoso estuvo siempre presente ese fin de explotación laboral”, sostuvo la magistrada. Y agregó que quedó demostrado no solo por tratarse de “empleo no registrado, ‘en negro’, con paga miserable”, sino también por “las condiciones de precariedad y cosificación en que se sometió a vivir a la víctima”.

La jueza enumeró el aislamiento, la falta de agua potable, sanitarios y electricidad, el piso de tierra, la precaria vivienda de silo bolsa y la alimentación insuficiente.

Deberá pagar $22 millones al trabajador

Como parte del acuerdo, el contratista deberá abonar $22 millones a la víctima en concepto de reparación integral. La magistrada destacó este aspecto y consideró que permite que la resolución judicial trascienda el aspecto estrictamente punitivo.

Según Berros, la reparación económica incorpora una perspectiva de “justicia restaurativa” y reconoce el daño causado a quien fue víctima de explotación laboral durante una década.

El titular del establecimiento rural y otro trabajador quedaron fuera de la acusación. En la causa se consignó que la propia víctima manifestó que respondía exclusivamente a las órdenes de Girolami.