Exfuncionario de Bettina Romero imputado por fraude millonario en la Panadería Social
¿Sabías que la Panadería Social de Salta escondía un fraude millonario? Los detalles de la imputación que sacude la política local.
La Justicia salteña imputó a Luis Emilio Fayón Medina, exresponsable de la Panadería Social Municipal, por presuntas maniobras fraudulentas que habrían causado un perjuicio económico superior a los 150 millones de pesos.
¿Quién es el principal acusado?
Fayón Medina estuvo al frente de la Sociedad del Estado “Pan Solidario” entre abril de 2021 y enero de 2024, durante la gestión de la exintendenta Bettina Romero. La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, presentó la acusación formal contra él como presunto autor del delito de fraude a la administración pública.
Junto al exfuncionario también fueron acusadas su esposa, Roxana González Domínguez, y su cuñada, Josefina González Domínguez, quienes figuran como partícipes necesarias.
¿Qué investiga la Fiscalía?
Según la investigación, el exfuncionario habría intervenido en contrataciones con proveedoras vinculadas a su propio entorno familiar. Esto habría generado un conflicto de intereses incompatible con la función pública y derivado en operaciones irregulares que afectaron recursos municipales. Además, la causa analiza presuntos sobreprecios y movimientos de fondos que perjudicaron económicamente al Estado.
Una denuncia que nació en la propia Municipalidad
La intervención de la UDEC comenzó tras una denuncia presentada el 24 de mayo de 2024 por el Procurador General de la Municipalidad de Salta. A partir de allí se inició una investigación que incluyó documentación, análisis contables y medidas probatorias que hoy sostienen la acusación formal.
Impacto político
El caso vuelve a poner bajo la lupa la administración de recursos públicos durante la gestión de Bettina Romero. Si bien la investigación se concentra en los acusados, el avance judicial reabre el debate sobre los controles internos y el manejo de fondos en organismos municipales. Ahora será la Justicia la que determine si existió fraude y el alcance real del perjuicio.
