Ex combatientes contra petroleras en Malvinas: la Justicia Federal tomó una decisión clave

La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto se declaró competente para intervenir en la demanda colectiva que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim La Plata) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) presentaron contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited. La resolución reconoce la dimensión federal, ambiental y de soberanía nacional del proyecto petrolero offshore Sea Lion.

La magistrada ratificó los argumentos del Ministerio Público Fiscal y basó su decisión en tres ejes: la cuestión ambiental, el territorio marítimo y la jurisdicción internacional.

¿Por qué es un caso federal?

El fallo señala que la infraestructura proyectada —pozos submarinos y unidades de almacenamiento— se asienta directamente sobre la plataforma continental argentina. Además, remarca que las corrientes y los ecosistemas marinos conectan toda la región, por lo que un eventual impacto ambiental afectaría bienes comunes del país.

En ese marco, el juzgado ordenó consultar el Registro Público de Procesos Colectivos y dar intervención a la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mientras se verifican los requisitos procesales, el tribunal difirió el tratamiento de las medidas cautelares que piden frenar los trabajos en la zona.

"Para el Cecim y la AAdeAA, esta resolución marca un punto importante en un camino que recién comienza. La Justicia Federal argentina afirmó su competencia para mirar hacia el Atlántico Sur y reconoció que allí están comprometidos el ambiente, el territorio y la soberanía nacional. Malvinas también se defiende haciendo efectivo el derecho allí donde otros pretenden convertir nuestros bienes naturales en hechos consumados", indicaron en un comunicado.

Intimación al canciller Quirno

En paralelo, el Cecim La Plata envió una carta documento al canciller Pablo Quirno para exigir medidas urgentes contra los planes de abastecimiento del proyecto offshore. Los ex combatientes dieron un plazo de 72 horas para que la Cancillería aplique las sanciones previstas por la ley ante el anuncio de una nueva ruta comercial marítima entre Punta Arenas (Chile) y Puerto Argentino.

Según denunció la organización, esa iniciativa —acordada entre autoridades chilenas, la naviera Easter Island Naviera y la corporación colonial isleña— constituye el "cordón umbilical logístico" para el funcionamiento de Sea Lion. Frente a esto, el Cecim intimó a Quirno a presentar protestas diplomáticas formales ante Chile y el Reino Unido, y a aplicar la Ley 26.659 para sancionar e inhabilitar a las empresas involucradas en el apoyo logístico a la exploración hidrocarburífera en territorio argentino.