¿Qué tiene que pasar para que los estatales chaqueños se sienten a discutir un aumento? UPCP puso sobre la mesa dos corrimientos de cargos y varias bonificaciones que todavía no se cobraron.
La Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) le puso una condición concreta al gobierno chaqueño antes de sentarse a hablar de plata: primero se cumplen los acuerdos que quedaron pendientes de la última paritaria y después se discute la recomposición salarial. Así lo planteó el secretario general del gremio, José Niz, en diálogo con Radio Natagalá.
El dirigente advirtió que hay obligaciones sin ejecutar en materia de carrera administrativa, bonificaciones y estabilidad laboral del personal precarizado, y sostuvo que la voluntad de diálogo que manifestó el Ejecutivo tiene que traducirse en medidas concretas.
El origen: una presentación judicial
La convocatoria a negociar no surgió de la nada. UPCP había presentado una acción judicial para exigir la aplicación de la Ley 1767-L, que regula las negociaciones paritarias, y para avanzar en la renovación del convenio colectivo de trabajo.
«Hubo una presentación judicial por parte de UPCP exigiendo la convocatoria paritaria, en el marco de la Ley 1767-L, y la necesidad de la renovación del convenio colectivo de trabajo», relató Niz.
La causa quedó en manos del juez Bosch. En las audiencias preliminares, según el relato del sindicalista, los representantes del Ejecutivo provincial se mostraron dispuestos a mantener conversaciones con las organizaciones gremiales.
Para el gremio, esa voluntad política tiene que reflejarse en hechos. Niz recordó que la negociación colectiva es una herramienta legal que obliga a ambas partes a respetar lo que se firma.
Los tres gremios tuvieron que fijar posición
Por pedido de la Justicia, los tres sindicatos que participan de la paritaria —UPCP, UPCN y ATE— debieron expresar formalmente qué temas deberían integrar la agenda de discusión.
En el caso de UPCP, la respuesta se centró en tres puntos: los dos corrimientos de cargos que todavía no se concretaron, las bonificaciones adeudadas y la cobertura de vacantes para dar estabilidad a los trabajadores que siguen en condiciones de precariedad.
Cargos y bonificaciones: lo que falta cobrar
Uno de los reclamos centrales son los dos corrimientos de cargos acordados en la etapa anterior. Para Niz, la medida no es solo un reconocimiento a la trayectoria y a las funciones que cumplen los agentes: también impacta de lleno en el salario.
«Queremos que se cumpla lo que se pautó en la última parte de la paritaria, que es ley para las partes», afirmó.
El dirigente destacó que los corrimientos significan una mejora «en materia de carrera administrativa para los trabajadores y trabajadoras, y también plata en el bolsillo». Por eso insiste en concretarlos antes de asumir nuevos compromisos.
A esa demanda se suman bonificaciones que, según denunció, siguen sin pagarse: los adicionales por título, antigüedad, mayor dedicación y dedicación exclusiva, entre otros conceptos que integran las remuneraciones de los agentes provinciales.
Para UPCP, regularizar esos conceptos es una obligación del empleador y no debería quedar atada a una nueva discusión salarial.
El tercer punto es la cobertura de cargos vacantes, una medida que apunta a dar estabilidad al personal que hoy trabaja en condiciones precarias. Niz consideró que los tres temas deben tratarse juntos, porque responden a una misma problemática: condiciones laborales, carrera administrativa y derechos de los empleados públicos.
La recomposición salarial, en dos etapas
Aunque el cumplimiento de lo acordado es la prioridad inmediata, el dirigente confirmó que la recomposición salarial también estará en la agenda. La pérdida del poder adquisitivo de los haberes estatales obliga a discutir una actualización, aunque primero el Ejecutivo debe demostrar que cumple.
«Una vez que ellos cumplan con el corrimiento de los dos cargos, más el pago de las bonificaciones, consideramos que estamos en condiciones de avanzar en actualización salarial, de acuerdo a la pérdida del poder adquisitivo, de carácter urgente», expresó.
Así, UPCP plantea una negociación en dos tramos: primero la regularización de las obligaciones pendientes y después la discusión de una recomposición que contemple el deterioro de los ingresos.
Niz insistió en que la paritaria debe ser el ámbito institucional para tratar todos los aspectos del empleo público, desde las condiciones de trabajo hasta las remuneraciones y los mecanismos de promoción dentro de la administración provincial.
En ese marco, cuestionó que haya compromisos asumidos que todavía no se ejecutaron y remarcó que la legislación vigente establece la obligatoriedad de cumplir los acuerdos alcanzados entre las partes.
También recordó mejoras salariales y laborales implementadas durante administraciones anteriores para señalar que el Estado debe garantizar la continuidad de los derechos reconocidos, más allá de los cambios de gobierno. «Ahora que tenemos la herramienta que nos pone en igualdad de condiciones y que una vez que se selle un acuerdo es ley para las partes, se tiene que cumplir», enfatizó.
Quiénes se sientan a la mesa y qué pasa si no hay avances
Respecto de la representación oficial, Niz explicó que la normativa exige que los funcionarios que participen tengan como mínimo rango de subsecretario. Consideró que deberían intervenir representantes del área económica provincial y posiblemente de la Subsecretaría de Trabajo, aunque no confirmó cómo quedará integrada la delegación del Gobierno.
En principio, el encuentro sería entre representantes del Ejecutivo y los sindicatos, sin participación directa del magistrado que interviene en la causa. Pero el resultado podría llegar a la Justicia si no hay avances concretos.
«De no ofrecer nada de parte del Ejecutivo provincial, se le informará al señor juez Bosch en qué quedamos», advirtió.
De ese modo, el gremio mantiene abierta la posibilidad de continuar con las actuaciones judiciales si la negociación no da respuestas satisfactorias a los planteos presentados. Las expectativas, según Niz, están puestas en que el Gobierno adopte una decisión política que permita resolver las demandas pendientes y recuperar el funcionamiento efectivo de la negociación colectiva.
El dirigente también remarcó la importancia del trabajo de los agentes públicos en las distintas áreas del Estado, sobre todo frente a las situaciones de emergencia que afectan a la provincia, y consideró fundamental garantizar condiciones laborales adecuadas para quienes sostienen los servicios públicos y participan de las tareas de asistencia a la población.
Las restricciones que complican a los estatales
Durante la entrevista, Niz manifestó su preocupación por las dificultades que atraviesan numerosos empleados públicos para afrontar gastos esenciales y acceder a bienes y servicios mediante mecanismos de financiación o descuentos.
En particular, se refirió a las restricciones que, según denunció, afectan la emisión de órdenes para comprar medicamentos, productos de óptica, alimentos y otros artículos de primera necesidad.
El dirigente vinculó esa situación con disposiciones aplicadas a trabajadores que bancarizaron sus ingresos y aseguró que las restricciones complican todavía más la economía de los hogares estatales. «No sé cómo van a sobrevivir los trabajadores en esa situación», expresó al describir las dificultades de quienes dependen de esos mecanismos para acceder a productos básicos.
Sus declaraciones forman parte del reclamo más amplio del sindicato por una mejora de las condiciones económicas del personal de la administración pública, en un contexto donde la pérdida del poder adquisitivo sigue siendo una de las principales preocupaciones gremiales.
