Estados Unidos quiere cobrar US$70.000 por el programa de trabajo de estudiantes extranjeros
El DHS quiere que las universidades paguen US$70.000 por recomendar a un estudiante extranjero para trabajar en EE.UU. La medida ya tiene fecha de debate y podría cambiar todo el sistema.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) puso sobre la mesa una propuesta que podría cambiar las reglas del juego para miles de estudiantes internacionales: cobrar US$70.000 a las instituciones educativas por cada recomendación de Capacitación Práctica Opcional (OPT) de un alumno con visa F-1.
La iniciativa, que busca regular el programa de trabajo para extranjeros, establece que las escuelas certificadas por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) deberán abonar esa suma por la primera recomendación de OPT de cada estudiante. Para las referencias posteriores, el monto sería de US$30.000.
Un pago previo que condiciona la autorización
El texto de la propuesta es claro: las instituciones educativas certificadas deberán pagar la tarifa antes de recomendar al alumno en el sistema oficial. Si no lo hacen, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) denegará la autorización de empleo.
Según el comunicado oficial, el monto exigido no está vinculado a un empleador específico dentro del mercado laboral. Todo lo recaudado irá directamente a las arcas del Tesoro de Estados Unidos.
Desde el DHS argumentan que la medida apunta a reducir el flujo de mano de obra extranjera que la administración Trump considera de bajo costo, y a facilitar la competencia de los trabajadores estadounidenses.
Qué cambia respecto de la norma actual
Hoy, las regulaciones no imponen a las instituciones educativas una tarifa específica por recomendar a un estudiante para el OPT. El alumno, en cambio, debe presentar el formulario I-765 ante Uscis y pagar el monto correspondiente.
La normativa vigente también otorga una extensión adicional de 24 meses para los graduados en programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
La nueva norma altera ese esquema al incorporar la obligación de un pago previo a la recomendación escolar y a la solicitud de autorización ante la agencia de inmigración. Este requisito modifica el procedimiento libre de cargos que rige en las instituciones de enseñanza superior.
Los fundamentos: fraude y supervisión
El organismo federal sostiene la reforma en la detección de esquemas de fraude y abusos por parte de escuelas, empleadores y estudiantes. Según el anuncio oficial, investigaciones del programa de intercambio identificaron lugares de trabajo con irregularidades y esquemas de pago por estadía para explotar el sistema.
Además, la agencia afirma que la exigencia de tarifas impulsará una mayor supervisión y selectividad por parte de las escuelas al recomendar a los alumnos. De igual modo, la medida busca atender directivas ejecutivas recientes sobre la protección de la fuerza laboral nacional y la integridad del sistema migratorio.
Fechas para comentar y próximos pasos
El DHS recibirá los comentarios del público sobre la propuesta desde este 8 de octubre hasta el 9 de noviembre. El apartado vinculado a la Ley de Reducción de Trámites Administrativos mantendrá un periodo de recepción de opiniones de 60 días.
Los ciudadanos y las instituciones deben consultar la Notificación de Propuesta de Reglamentación en el Registro Federal para enviar sus observaciones. La publicación oficial contiene las instrucciones detalladas para presentar formalmente los documentos.
Una vez concluido el plazo, el organismo examinará las sugerencias y los materiales aportados por la comunidad. La agencia conserva la facultad de modificar el texto definitivo del reglamento en función de los aportes recibidos.