Espert no puede salir del país: la Justicia le trabó un embargo millonario y lo procesó

La Justicia federal de San Isidro procesó a José Luis Espert por lavado de activos y le fijó un embargo de $1.000 millones, además de prohibirle salir del país. La medida se enmarca en la investigación sobre una transferencia de dinero vinculada a una empresa relacionada con Federico "Fred" Machado.

El exdiputado queda así con una restricción para abandonar el territorio y con parte de su patrimonio comprometido, mientras avanza la causa que busca determinar el origen y el destino de los fondos transferidos.

Qué busca esclarecer la causa

La investigación intenta establecer si Espert tuvo participación en operaciones destinadas a introducir dinero de procedencia ilícita en el circuito legal. El foco está puesto en los movimientos financieros relacionados con Machado, quien quedó bajo la lupa judicial por sus presuntos vínculos con actividades criminales.

En concreto, se investigan los u$s200.000 que Espert habría recibido de una empresa de Guatemala vinculada al empresario Machado, quien a su vez está siendo investigado en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.

Un fallo que no es condena

El procesamiento representa un avance en el expediente, pero no implica una condena ni determina por sí mismo la responsabilidad penal definitiva del exlegislador. La investigación deberá continuar para esclarecer las circunstancias de la transferencia y el grado de participación que pudo haber tenido cada uno de los involucrados.

La resolución se conoce después de que la Cámara Federal de San Martín rechazara los planteos de nulidad presentados por la defensa de Espert y dejara firme la investigación por lavado de activos. El tribunal consideró que no se acreditaron irregularidades que justificaran invalidar las medidas de prueba ni una afectación concreta de las garantías constitucionales del exdiputado.

Los cuestionamientos de la defensa

Entre los planteos de la defensa figuraban la realización de testimonios sin notificación previa a sus abogados, la solicitud de informes patrimoniales y la incorporación de información de inteligencia y análisis de dispositivos electrónicos.

Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones concluyeron que no se había demostrado un perjuicio concreto que justificara anular esas actuaciones.