Un jubilado de 69 años esperó tres años los audífonos que le recetó su médico. Cuando la Justicia revisó cuánto cobraba por mes, el caso dio un vuelco: ahora el PAMI deberá hacerse cargo de todo.
Un jubilado sanjuanino de 69 años pasó tres años esperando que el PAMI le entregara los audífonos que su médico le indicó. La respuesta nunca llegó por la vía administrativa, así que tuvo que buscarla en la Justicia. Un juez federal terminó ordenando que el organismo previsional se haga cargo de todo: los equipos y cada paso del tratamiento.
La medida cautelar la firmó Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal, y alcanza tanto a la sede sanjuanina del PAMI como a su administración nacional. El equipamiento en cuestión tiene un valor estimado de $6,5 millones.
El afiliado padece hipoacusia mixta, una condición que compromete su capacidad auditiva. Los dispositivos que le recetó el especialista eran, en los papeles, la solución. En la práctica, se transformaron en un trámite sin fin.
Una pensión que no alcanza para nada
El dato que explica el conflicto está en los ingresos del hombre: cobra una pensión no contributiva de aproximadamente 500 pesos mensuales. Con esa cifra, cubrir el costo de los audífonos por cuenta propia resulta imposible.
Frente a la falta de respuestas del organismo, la causa la impulsó Ana Inés López Lima, representante del Ministerio Público de la Defensa (MPD) en materia no penal, según publicó 0264 Noticias. El planteo pidió cobertura integral y el juez lo hizo lugar.
No es solo comprar los audífonos
La resolución va más allá de la entrega de los aparatos. Rago Gallo dispuso garantizar los equipos binaurales, es decir, los que se colocan en ambos oídos, y también todas las instancias técnicas y médicas que hacen falta para que funcionen como corresponde.
El pedido de la Defensa Pública abarcó la toma de moldes, las pruebas de selección, la calibración, la adaptación fonoaudiológica y los controles técnicos posteriores. Además, solicitó que la atención la brinde un prestador habilitado en la zona donde vive el afiliado, de modo que se pueda hacer el seguimiento y el mantenimiento del equipamiento.
Con eso, la Justicia busca que el jubilado no solo reciba los dispositivos, sino que pueda usarlos correctamente y sostener el tratamiento en el tiempo.
Las leyes en las que se apoyó el fallo
Para fundamentar la decisión, el magistrado tomó normativas nacionales que obligan a garantizar la atención sanitaria de las personas con discapacidad. Entre ellas aparece la Ley 25.415, que creó el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, y la Ley 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
Ambas contemplan prestaciones para este tipo de condiciones: provisión de audífonos, prótesis auditivas y rehabilitación fonoaudiológica. El fallo sumó también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en Argentina, que reconoce el derecho a alcanzar el máximo nivel posible de salud sin discriminación.
Con esos argumentos, la Justicia consideró que correspondía asegurar el acceso al equipamiento indicado por el especialista y frenar la postergación de una prestación necesaria para la salud del afiliado.
