Escuelas rurales de La Rioja: ¿Starlink o soberanía digital? El fuerte reclamo de Zoraida Rodríguez

La titular de la Secretaría de Gestión Educativa de La Rioja, Zoraida Rodríguez, salió a cruzar con dureza la entrega de antenas de Starlink en escuelas rurales de la provincia, una iniciativa del diputado nacional Gino Vivanco que encendió todas las alarmas en el gobierno provincial.

Para la funcionaria, la medida no solo pone en jaque la soberanía tecnológica, sino que además compromete la privacidad de los datos de los estudiantes y la sustentabilidad financiera del sistema educativo. Un combo que desde la cartera educativa consideran inaceptable.

¿Por qué la provincia rechaza la llegada de Starlink?

El gobierno provincial recordó que La Rioja fue pionera al incorporar el acceso a la conectividad como un derecho de cuarta generación en su Constitución. Y en ese marco, destacaron que el 80% de las escuelas rurales ya cuentan con conexión gracias al trabajo articulado con ARSAT e Internet Para Todos.

Desde la gestión provincial remarcan que la red pública garantiza un servicio ilimitado, mientras que Starlink impone un tope de 5 Terabytes por establecimiento. Un límite que, según advierten, podría resultar insuficiente para las necesidades pedagógicas actuales.

El costo oculto del servicio privado

Pero el problema no termina ahí. Según el comunicado, tras un año de gracia, la tarifa de Starlink sufrirá un aumento del 166%, lo que se traduce en unos 160 dólares por escuela. Una cifra que, para las arcas provinciales, resulta una carga fiscal insostenible.

El gobierno provincial también puso el foco en la transferencia de metadatos y tráfico de red hacia jurisdicciones extranjeras como Estados Unidos y Reino Unido. Un movimiento que, según indicaron, se realiza con estándares de protección inferiores a los que exige la ley argentina, exponiendo información sensible de los alumnos.

Riesgo de interrupción y deuda con ARSAT

Otro de los puntos que generan preocupación es la posibilidad de que el servicio se interrumpa de manera unilateral, ya sea por decisiones empresariales o geopolíticas. En ese escenario, las instituciones quedarían sin margen de respuesta del Estado provincial.

Y aquí surge una contradicción que no pasó desapercibida para la Secretaría: se destinarían fondos públicos —provenientes de descuentos del Fondo del Servicio Universal— para expandir a un competidor extranjero, mientras el Estado nacional mantiene deudas con ARSAT. Una situación que, según advierten, debilita a las empresas públicas que garantizan la inclusión digital en el interior profundo.

«Sustituir una infraestructura sólida y pública por un modelo dependiente de una corporación extranjera pone en riesgo la continuidad pedagógica, la estabilidad presupuestaria y la protección de los datos de nuestros niños, niñas y jóvenes», remarcaron desde la gestión provincial, ratificando su defensa de la educación pública y la soberanía tecnológica.