Escándalo en Tartagal: denuncia penal por maltrato a gatos en un local gastronómico
Una abogada especializada en derecho animal radicó la denuncia penal por los videos que muestran presuntos maltratos a gatos en un local de Tartagal. El dueño niega los hechos y dice que lo amenazaron. La causa ya tiene nuevo fiscal y avanza en medio de la polémica por la antigua ley que regula estos delitos.
La ciudad de Tartagal sigue convulsionada por la difusión de videos, fotos y capturas de pantalla que muestran presuntos maltratos contra gatos en un local gastronómico. La abogada Carmen Céspedes presentó una denuncia penal para que se investigue el caso, mientras el dueño del comercio niega haber matado a los animales y asegura haber recibido amenazas.
El caso salió a la luz a través de redes sociales y generó una rápida reacción: denuncias, una inspección ocular de la Policía y una protesta frente al local. En ese marco, la doctora Céspedes, especializada en derecho animal, confirmó a VideoTar que radicó la denuncia penal web y explicó los detalles de la causa.
La denuncia y la figura penal
Según relató la letrada, tomó intervención luego de recibir material audiovisual sobre lo que ocurría en el comercio. “Me enviaron fotografías, videos y capturas de pantalla de una situación que se estaba dando en ese local comercial y, con las pruebas que me incorporaron, me pareció oportuno hacer la denuncia por maltrato a los animales, porque el delito está tipificado en la Ley 14346, que refiere a causar sufrimiento innecesario a los animales”, declaró Céspedes.
La causa quedó a cargo del doctor Cabot después de que el fiscal inicialmente asignado, Rafael Medina, se excusara. “Se excusó el doctor Rafael Medina porque hay una denuncia también realizada en contra del señor Alejandro Martínez y manifestó que tiene una relación de amistad con él, así que la causa quedó a cargo del doctor Cabot”, precisó la abogada.
Críticas a la ley vigente
Céspedes también cuestionó la antigüedad y la eficacia de la normativa nacional contra el maltrato animal. “La ley tiene 72 años de vigencia y lamentablemente quedó muy poco efectiva, ya que la pena que establece el artículo 1 es de 15 días a un año, lo cual resulta irrisorio frente a la comisión de un delito que supone matar, dañar o causar sufrimiento innecesario”, afirmó.
La investigación sigue su curso en medio de la conmoción social y las advertencias sobre las demoras procesales en la jurisdicción norteña.