Escándalo en San Luis: el PJ denuncia una "connivencia" entre Poggi y la Justicia tras la detención de una dirigente opositora

El Partido Justicialista de San Luis salió con los tapones de punta después de que la Justicia ordenara la prisión preventiva de la dirigente Anabela Lucero y otros exfuncionarios del Complejo Molino Fénix. El espacio opositor habla de una "connivencia" entre el gobernador Claudio Poggi y el Poder Judicial para perseguir a la oposición.

La excandidata a intendenta de Villa Mercedes, su hermano Enzo Lucero y su cuñado Exequiel Scarel ya fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial. Allí permanecerán alojados durante 60 días en el marco de la causa conocida como "Molino Fénix".

¿Quiénes están imputados y por qué?

Los tres detenidos están imputados por asociación ilícita, administración fraudulenta y ocultamiento y destrucción de evidencia. La investigación también alcanza a Diego Torres y Joaquín Beltrán, esposo de Lucero y diputado provincial. En el caso de Beltrán, la Justicia pidió su desafuero para avanzar con una medida de restricción de la libertad.

La decisión fue tomada por el juez Santiago Ortiz, y al día siguiente el PJ emitió un duro documento en el que califica el dictado de las prisiones preventivas como "un ejercicio abusivo y desproporcionado del poder cautelar y un gravísimo precedente institucional para San Luis".

Los argumentos del PJ

El partido opositor sostiene que "la prisión preventiva no es una pena anticipada" y que es "la medida más gravosa que puede adoptar un juez contra una persona que todavía goza del estado constitucional de inocencia". En ese sentido, recuerdan que ninguno de los tres detenidos cuenta con antecedentes y que tienen domicilio y familia en Villa Mercedes.

"No existe entorpecimiento a la investigación judicial ni peligro de fuga", afirman, y agregan que el juez Ortiz rechazó las alternativas propuestas por la defensa, decisión que ya fue sometida a revisión.

La acusación directa contra Poggi

El tramo más fuerte del documento apunta directamente contra el gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y las decisiones judiciales. "Denunciamos una preocupante connivencia entre el Gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y decisiones judiciales que terminan siendo funcionales al poder político provincial", reza el texto.

Y agrega: "La Justicia no puede transformarse en una herramienta para disciplinar opositores, perseguir dirigentes y ciudadanos que piensen diferente".

El PJ también sostuvo que, como principal espacio opositor al Gobierno de Poggi, "está siendo perseguido y disciplinado judicialmente", una situación que calificó como "sin precedentes" y violatoria de las garantías constitucionales.

"En San Luis debe regir la Constitución, el debido proceso, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Para todos. Sin privilegios para los amigos del poder y sin persecución para quienes piensan distinto", cierra el documento.