Escándalo en la Justicia bonaerense: funcionaria detenida por una red de estafa millonaria

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata ratificó la detención de Albertina Mangini, una funcionaria de la Procuración General bonaerense, acusada de ser parte de una organización que robaba datos biométricos y lavaba dinero a gran escala. El fallo llega tras el rechazo de un hábeas corpus presentado por su defensa, que buscaba su liberación.

La detención de Mangini se produjo el pasado 13 de agosto en su departamento del centro platense, en un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA). La funcionaria se desempeñaba como secretaria de la Fiscalía General Departamental en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados, un cargo que, según la fiscalía, utilizó para captar víctimas.

El modus operandi: 80.000 pesos por datos personales

La investigación, a cargo de la fiscal Betina Lacki (UFIJ N.º 2 de La Plata), sostiene que Mangini identificaba a personas en situación de vulnerabilidad económica, sin cuentas bancarias ni acceso a plataformas digitales. A cambio de 80.000 pesos, las citaba en un bar de la intersección de las Avenidas 7 y 56, donde les tomaban fotos y registros faciales para abrir cuentas en billeteras virtuales.

Una vez creadas, las cuentas pasaban a manos de la red criminal, que modificaba los correos y números de teléfono asociados. Según las pericias contables, esas billeteras se usaban para recibir, fraccionar y canalizar fondos provenientes de un casino online ilegal y otras defraudaciones.

Los otros detenidos y un flujo de 27.000 millones de pesos

En la causa también fueron detenidos Mauro Perrotta e Ignacio Leonel Marchioni, señalados como los operadores financieros de la organización. En una sola de las plataformas analizadas, los investigadores detectaron movimientos brutos que superaron los 27.000 millones de pesos.

Además, la fiscalía descubrió un patrón en las transferencias: los montos tenían terminaciones fijas en ".12", un código de validación para que los receptores identificaran el dinero ilícito.

A pesar de los argumentos de la defensa, que alegó arraigo, falta de antecedentes y colaboración durante dos años de instrucción, la Cámara consideró que la orden de detención del juez de Garantías Agustín Crispo es legítima y que persisten riesgos de entorpecimiento procesal.