Escándalo en el TOF de Tucumán: denuncian que jueces subrogantes destruyeron pruebas de causas federales

La polémica por el vaciamiento del subsuelo del Tribunal Oral Federal de Tucumán escaló a un nivel inédito. El secretario de Cámara Hugo del Sueldo Padilla presentó una denuncia penal contra los jueces subrogantes, acusándolos de haber retirado y destruido elementos secuestrados de causas judiciales en trámite durante un operativo de limpieza.

La presentación, realizada el 12 de junio ante el fiscal federal Agustín Chit y luego derivada al fiscal Rafael Vehils Ruiz, señala que en mayo se removieron pruebas, armas, documentación y bienes de expedientes no concluidos, sin respetar los mecanismos legales de resguardo.

¿Cómo empezó todo?

Todo comenzó a principios de mayo, cuando la jueza subrogante Cristina Giordano llegó desde Córdoba al tribunal. Según la denuncia, el 11 de mayo los jueces Ana Carina Farías, Federico Bothamley y Giordano convocaron a Del Sueldo Padilla para preguntarle por qué había impedido que Gendarmería retirara elementos secuestrados. El secretario respondió que se oponía por considerarlo ilegal. A partir de allí, comenzó el retiro masivo de objetos almacenados durante décadas en el subsuelo de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco.

Del Sueldo Padilla, con 33 años de custodia de secuestros judiciales, explicó que cada elemento era recibido, rotulado, inventariado y preservado para juicio. Durante una recorrida, advirtió a Giordano que había secuestros de causas en trámite, expedientes con sentencias no firmes y procesos con imputados prófugos. Según la denuncia, la magistrada minimizó las advertencias y pidió las llaves, que el funcionario entregó casi todas, excepto las de un espacio con documentación de la causa del exrector de la UNT Juan Alberto Cerisola.

Ese mismo día llegaron camiones de Gendarmería. Empleados judiciales recibieron instrucciones para separar elementos, primero de expedientes anteriores a marzo de 2020 y luego de todo el subsuelo.

La causa Ale y explosivos

Uno de los puntos más delicados es la causa Ale. Del Sueldo Padilla aseguró que entre el material retirado había pruebas de ese expediente, aún no concluido por un reenvío de la Cámara Federal de Casación Penal. Solo se rescataron algunas cajas de un gran volumen.

La madrugada del 12 de mayo, el prosecretario Adolfo García llamó alarmado a Del Sueldo Padilla. Estaba en el edificio con Gendarmería y la jueza Giordano, y encontraron armas, municiones y granadas. García halló dos explosivos con espoleta colocada; al consultar qué hacer, la respuesta atribuida a Giordano fue que los tiraran. Finalmente se convocó a Bomberos, que los retiró sin actas ni registros formales.

Entre los elementos del subsuelo había armas de fuego, dinero nacional y extranjero, celulares, computadoras, estupefacientes, precursores químicos y documentación de múltiples procesos federales.

Expedientes rotos y camiones sospechosos

Del Sueldo Padilla también denunció la presunta destrucción de registros internos: ordenó formar un expediente administrativo, pero la jueza habría tomado la carátula y la rompió. Tanto él como García intentaron advertir a los otros jueces subrogantes, Farías y Bothamley. García viajó a Santiago del Estero para reunirse con ellos y denunciar la irregularidad.

El Ministerio Público Fiscal comenzó a pedir información. El fiscal general Pablo Camuña requirió detalles sobre la resolución que ordenó la destrucción, las normas aplicadas, el responsable y el inventario, pero esos pedidos no habrían sido respondidos.

La denuncia incluye una acusación grave: según García, personal de los camiones abrió bolsas durante el traslado y sustrajo dinero y armas. La fiscalía deberá investigar.

Un conflicto sin precedentes

El conflicto se agravó cuando Giordano solicitó nuevamente las llaves de la bóveda con los secuestros preservados, lo que detonó la denuncia penal. Del Sueldo Padilla considera que los hechos configuran abuso de autoridad o incumplimiento de deberes de funcionario público.

La gravedad del caso supera una simple limpieza: expone una posible afectación de pruebas judiciales y una fuerte fractura interna entre magistrados, funcionarios y fiscales. Ahora la fiscalía deberá determinar si los elementos retirados pertenecían a causas no concluidas y cuál fue su destino final.