Escándalo en el TOF de Tucumán: denuncian que jueces destruyeron pruebas de causas activas
¿Sabías que en pleno centro de Tucumán se habrían tirado a la basura pruebas de causas penales? La denuncia que sacude al TOF revela detalles escalofriantes sobre armas, explosivos y documentos desaparecidos.
Un gravísimo escándalo judicial sacude a Tucumán. El secretario de Cámara Hugo del Sueldo Padilla denunció penalmente a los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal por la presunta destrucción de pruebas secuestradas en causas que aún estaban en trámite. La denuncia, presentada el 12 de junio ante el fiscal Agustín Chit, revela un operativo de limpieza que habría terminado con armas, dinero y documentos clave tirados a la basura.
¿Qué pasó en el subsuelo del tribunal?
Todo comenzó a principios de mayo, cuando la jueza subrogante Cristina Giordano llegó desde Córdoba para integrarse al TOF. Según la denuncia, el 11 de mayo los magistrados Ana Carina Farías, Federico Bothamley y Giordano convocaron a Del Sueldo Padilla para reclamarle por qué había impedido que Gendarmería retirara elementos secuestrados. El funcionario respondió que la medida era ilegal. A partir de ahí, comenzó el retiro masivo de objetos almacenados durante décadas en el subsuelo de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco.
Del Sueldo Padilla, que lleva 33 años custodiando los secuestros judiciales, explicó que cada elemento era recibido, rotulado e inventariado para garantizar su integridad en el juicio. Durante una recorrida, advirtió a Giordano que allí había pruebas de causas en trámite, con sentencias no firmes e incluso imputados prófugos. La magistrada, según la denuncia, minimizó las advertencias y pidió las llaves. El funcionario entregó todas, excepto la de un espacio con documentación de la causa del exrector de la UNT Juan Alberto Cerisola.
Ese mismo día llegaron camiones de Gendarmería. Empleados judiciales recibieron instrucciones de separar elementos de distintas causas, primero de expedientes anteriores a marzo de 2020 y luego de todo el material almacenado.
La causa Ale y los explosivos
Uno de los puntos más delicados es la causa Ale. Del Sueldo Padilla aseguró que empleados le advirtieron que entre el material retirado había pruebas de ese expediente, que aún no estaba cerrado por un reenvío de la Cámara de Casación. Solo se rescataron algunas cajas de un secuestro de gran volumen.
La madrugada del 12 de mayo, el prosecretario Adolfo García llamó alarmado a Del Sueldo Padilla. Estaba en el edificio con Gendarmería y la jueza Giordano. Según su relato, aparecieron armas, municiones y dos explosivos con espoleta. Al consultar qué hacer, la respuesta atribuida a Giordano fue: “Tírenlos”. Finalmente intervinieron Bomberos, pero sin actas ni registros formales.
Entre los elementos que había en el subsuelo se encontraban armas de fuego, dinero en pesos y dólares, teléfonos, computadoras, estupefacientes, precursores químicos y documentación de múltiples procesos federales.
Destrucción de registros y sospechas de saqueo
Del Sueldo Padilla también denunció que la jueza habría roto la carátula de un expediente administrativo que él había ordenado formar para documentar lo ocurrido. Tanto él como García intentaron alertar a los otros jueces subrogantes, Farías y Bothamley. García viajó a Santiago del Estero para reunirse con ellos y denunciar la situación irregular.
El Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal general Pablo Camuña, pidió información sobre la orden de destrucción, las normas aplicadas, el responsable del procedimiento y el inventario de los elementos retirados. Según la denuncia, esos pedidos no fueron respondidos.
La acusación más grave señala que, durante el traslado, el personal de los camiones habría abierto bolsas y sustraído dinero y armas. La fiscalía deberá investigar esta versión.
Un conflicto institucional sin precedentes
El conflicto escaló cuando Giordano solicitó nuevamente las llaves de la bóveda donde se preservaban algunos secuestros. Eso fue el detonante final de la denuncia. Del Sueldo Padilla considera que los hechos podrían configurar abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La gravedad del caso trasciende una simple limpieza edilicia. La denuncia expone una posible afectación de pruebas judiciales y una fuerte fractura interna entre magistrados, funcionarios y fiscales. Ahora, la fiscalía deberá determinar si los elementos retirados pertenecían a causas no concluidas y cuál fue su destino final.
