Escándalo en Diputados: blindaron a dos legisladores imputados y evitaron el debate
¿Qué pasó en la sesión que dejó a todos en silencio? Dos diputados imputados siguen en sus bancas y nadie quiere explicarlo.
La Cámara de Diputados de Salta vivió un martes de alta tensión: la mayoría decidió no tratar la suspensión preventiva de dos legisladores con causas judiciales abiertas. Gerardo Orellana y Héctor Vargas seguirán en sus bancas mientras la Justicia avanza en su contra.
El planteo llegó de la mano del diputado Franco Lastra, de La Libertad Avanza, quien pidió tratar sobre tablas dos iniciativas vinculadas a la situación de los imputados. Sin embargo, los votos no alcanzaron y el debate quedó en la nada.
Nadie habla de prejuzgar: ambos conservan su inocencia hasta que haya sentencia firme. La discusión era si correspondía que siguieran ejerciendo funciones con semejantes acusaciones encima. La Cámara eligió no abrir esa puerta.
¿Qué pesa sobre Orellana?
El diputado por Anta fue imputado esta semana junto a otras 14 personas por presuntas irregularidades en pensiones por discapacidad. La Fiscalía Federal le atribuye asociación ilícita, fraude al Estado, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La investigación se centra en El Quebrachal y Joaquín V. González. El fiscal Carlos Martín Amad sostiene que Orellana, cuando era intendente, habría avalado trámites de personas que no reunían los requisitos. También se menciona la entrega de pensiones a cambio de votos y pagos de dinero por gestiones irregulares. Son hipótesis que deberán probarse.
Vargas y los fondos bajo la lupa
Héctor Raúl Vargas, exintendente de San Carlos, fue imputado por incumplimiento de deberes, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica. En la audiencia, optó por no declarar.
Uno de los expedientes apunta a la compra de un terreno por $15 millones para un loteo social, sin autorización del Concejo Deliberante. Los investigadores detectaron ingresos por $16.883.100 por venta de lotes y no pudieron rastrear el destino de $1.883.100.
La causa también revisa fondos del programa PROTAAL y 18 cheques por más de $64 millones retirados de una cuenta municipal, sin documentación que los respalde.
¿Por qué importa esta decisión?
La negativa a debatir deja un precedente incómodo: los legisladores tenían la chance de fijar un estándar institucional para casos de corrupción, pero prefirieron esquivarla. Así, Orellana y Vargas siguen presentando proyectos y ocupando sus bancas mientras las investigaciones avanzan.
La Justicia dirá si las acusaciones son ciertas. La política, por ahora, decidió mirar para otro lado.
