Escándalo en Córdoba: los legisladores deberán responder por sus asesores, pero ¿qué cambió con el decreto 206?

El escándalo por una causa de abuso sexual, grooming y explotación de niñas y adolescentes en el norte de Córdoba sacudió la Legislatura provincial. Ahora, los legisladores deberán asumir una responsabilidad directa sobre los asesores que incorporen, con controles de antecedentes, asistencia y una declaración jurada de integridad.

La causa tiene más de una docena de detenidos, entre ellos remiseros, un agente policial y un excolaborador parlamentario. Uno de los principales imputados había trabajado como asesor del legislador provincial oficialista Ernesto Ramón “Cañito” Flores. Ante el escándalo, Flores pidió licencia mientras sectores de la oposición reclamaron su renuncia.

¿Qué establece el decreto 206?

La vicegobernadora y presidenta de la Legislatura Unicameral, Myrian Prunotto, dispuso modificar las normas para la contratación de personal de gabinete. Los cambios quedaron establecidos a través del decreto 206, con el objetivo de reforzar los controles sobre quienes ingresan a trabajar en los bloques y despachos.

Desde ahora, cada pedido de contratación deberá estar firmado por el legislador, autoridad o responsable de bloque que solicite la incorporación. También tendrá que identificar al contratado, indicar bajo qué dependencia trabajará, explicar cuáles serán sus tareas y justificar el motivo de su ingreso. Además, deberá dejar constancia de que la contratación se hace “bajo su responsabilidad institucional”.

La nueva reglamentación también establece un mecanismo de responsabilidad institucional para los legisladores. Los parlamentarios deberán certificar las funciones de sus colaboradores y podrán responder ante eventuales irregularidades o delitos relacionados con el ejercicio de sus tareas.

Antecedentes y una declaración jurada obligatoria

Los nuevos asesores deberán presentar un certificado de antecedentes penales de la Policía de Córdoba, otro del Registro Nacional de Reincidencia y un certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Sin esa documentación, no podrá completarse la contratación. Los certificados tendrán que renovarse cada seis meses.

Además, cada colaborador deberá completar una Declaración Jurada de Integridad. Allí tendrá que informar cualquier situación judicial que pueda ser relevante para su trabajo en la Legislatura.

Si la situación declarada cambia, el asesor tendrá 72 horas hábiles para informar la novedad al área de Capital Humano. Si no lo hace, podrá quedar expuesto a la rescisión de su contrato.

También habrá controles sobre los asesores que ya trabajan

Las nuevas reglas no alcanzarán solo a quienes ingresen a partir de ahora. Los 1.055 empleados no permanentes que ya trabajan en la Legislatura tendrán 30 días hábiles para presentar los certificados requeridos, completar la declaración jurada y confeccionar una ficha con las funciones que cumplen.

La reglamentación también incorpora controles de asistencia y un sistema de auditoría sobre los asesores parlamentarios. Hasta ahora, el seguimiento de la presencialidad y de la conducta de estos trabajadores dependía en gran medida de cada legislador.

El objetivo de las autoridades es reducir esas zonas grises y establecer mayores controles sobre el personal contratado por los legisladores. La medida llega después de que la causa judicial por abuso sexual y grooming generara un fuerte impacto político en la provincia.

La causa que generó el escándalo

La investigación comenzó a partir de denuncias de madres de Río Seco, en el norte de Córdoba. Según consta en el expediente, los acusados habrían contactado a niñas y adolescentes a través de redes sociales y servicios de mensajería.

La Justicia investiga si les ofrecían dinero, comida o traslados a cambio de fotos íntimas y encuentros sexuales.

Entre los detenidos hay un excolaborador parlamentario de Flores. El legislador, que también fue intendente de Villa de María del Río Seco, pidió licencia después de que se conociera la situación. La senadora nacional Alejandra Vigo también reclamó públicamente su renuncia.