Entre Ríos fue al basural de Pronunciamiento y encontró cuatro fuegos encendidos y algo más

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente, intimó formalmente a la Municipalidad de Pronunciamiento después de que una inspección técnica detectara graves infracciones ambientales en el predio donde la ciudad deposita sus residuos.

La medida no llegó por una denuncia aislada: los inspectores provinciales recorrieron el sitio y se encontraron con el panorama completo. Lo que vieron quedó asentado en el expediente y derivó en un plazo perentorio para corregir.

Cuatro focos activos y una columna de humo sobre la ruta 23

Durante el relevamiento, el equipo provincial constató la presencia de cuatro focos ígneos activos que además se estaban propagando hacia terrenos linderos. La quema a cielo abierto de residuos sólidos urbanos está expresamente vedada por el artículo siete de la ley provincial 10.311.

El problema no es solo ambiental. Según la Secretaría de Ambiente, la densidad de la humareda pone en riesgo la salud pública, afecta la biodiversidad de la zona y complica la seguridad vial sobre la ruta provincial 23, una vía que queda tapada por el humo cuando el basural arde.

Envases de fitosanitarios donde no deben ir

Los inspectores también comprobaron el ingreso y el acopio descontrolado de envases vacíos de fitosanitarios dentro del predio comunal, algo que choca de frente con la ley nacional 27.279.

Desde la repartición provincial recordaron que este tipo de insumos de manejo especial no pueden disponerse en vertederos comunes: deben derivarse de manera obligatoria a los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) habilitados. A eso se sumó el incumplimiento de las obligaciones de información técnica que fija la resolución 133/09 de la Secretaría de Ambiente.

Qué le ordenó la provincia al municipio

Frente a este cuadro, la provincia dispuso la prohibición inmediata de cualquier tipo de quema en el inmueble y exigió la extinción total de los focos activos mediante tareas de sofocación y enfriamiento.

Para que las correcciones se hagan efectivas, se fijó un plazo perentorio de 10 días hábiles. En ese lapso, el municipio deberá certificar el traslado de los envases de agroquímicos a un CAT con remitos oficiales, presentar el plan local de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) con su protocolo de remediación, informar cómo dispondrá los residuos biopatogénicos y garantizar el cerramiento perimetral del sitio con custodia permanente para evitar vuelcos clandestinos.

Si el municipio no cumple con lo intimado, la Secretaría de Ambiente podría avanzar con nuevas medidas administrativas. Por ahora, la pelota está en la cancha de Pronunciamiento y el reloj ya empezó a correr.