Entre Ríos: el Senado aprobó pedir una fiscalía para frenar el abigeato en el norte
¿Cuánto cuesta hoy en el norte entrerriano que el robo de hacienda se investigue como un hurto cualquiera? El Senado aprobó un pedido que apunta a una fiscalía propia para el abigeato.
El robo de hacienda dejó de ser un tema de tranquera y desembarcó en la Legislatura entrerriana. El Senado de Entre Ríos aprobó sobre tablas un proyecto de comunicación que reclama a la Procuración General la creación de una fiscalía especializada en abigeato y delitos rurales conexos. La sesión fue el jueves 29 de octubre.
La iniciativa lleva la firma de la senadora Patricia Díaz y no se limita a pedir un nombre: exige que la futura unidad tenga organización definida, cobertura territorial, personal asignado y medios concretos para investigar, siempre en coordinación con las fiscalías de cada jurisdicción.
Por qué el robo de hacienda no se investiga como un hurto común
El texto legislativo plantea una diferencia de fondo. Un robo de animales requiere pericia para identificar ejemplares, leer la documentación de los movimientos y preservar pruebas en el campo. También demanda seguir el rastro de una cadena que incluye traslados, faena y comercialización.
“Una unidad con dedicación específica podría sostener esas tareas y asistir a las fiscalías territoriales”, sostiene el proyecto. Detrás de esa frase hay un diagnóstico: el delito rural necesita continuidad y memoria, no un expediente que se abre y se cierra sin avances.
El reclamo que viene del norte entrerriano
El pedido no nació en un despacho. Se apoya en la preocupación de productores y entidades agropecuarias, sobre todo del norte de la provincia. El proyecto recoge las declaraciones de Matías Martiarena, director del Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina, quien alertó por los hechos reiterados en la zona de Bovril y reclamó mayor coordinación entre los organismos.
Los números que acompañan el planteo son elocuentes. Se citan 20 hechos de abigeato registrados en diciembre de 2025, sumando los denunciados y los que nunca llegaron a formalizarse. A eso se agrega un caso testigo: un productor de Bovril denunció el faenamiento clandestino de nueve animales en un lapso de entre 20 y 30 días, con pérdidas estimadas entre 15 y 18 millones de pesos.
Qué marco legal respalda la creación de la fiscalía
El proyecto se apoya en dos normas concretas. El artículo 207 de la Constitución de Entre Ríos reconoce la autonomía funcional del Ministerio Público. Y el artículo 17, inciso i), de la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 10.407 faculta al Procurador General a crear unidades especializadas para delitos complejos cuando las circunstancias lo justifiquen.
Si la nueva fiscalía necesita cargos adicionales o ajustes en el presupuesto, la iniciativa prevé impulsar los instrumentos necesarios ante las autoridades competentes. Además, contempla abrir canales de atención para los productores damnificados y articular el trabajo con la Policía de Entre Ríos y con los organismos que identifican y controlan el tránsito de hacienda.
