Entre Ríos activa un cruce de datos que podría dejar al descubierto a más de un empleado público
¿Qué pasará cuando el Tribunal de Cuentas cruce los sueldos con los registros de defunciones en toda la provincia? El nuevo sistema ya está en marcha y los municipios tienen plazo hasta 2027.
El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos dio un paso decisivo hacia la digitalización de sus auditorías. A través de la Acordada Nº 349/2026, el organismo puso en marcha un sistema automático y centralizado que cruzará información de sueldos, jubilaciones, programas sociales y registros de defunciones en toda la provincia.
La medida, que reemplaza a la anterior Acordada Nº 310, apunta a modernizar los procesos de control y a optimizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. La nueva plataforma recibirá datos de los distintos poderes del Estado provincial, entes autárquicos, universidades, municipalidades, entes municipales, comunas, la Caja de Jubilaciones y el Registro Civil, entre otros organismos.
Un cruzamiento que promete detectar irregularidades
El presidente del Tribunal de Cuentas, Dr. Diego Lara, explicó el alcance de la herramienta: “El corazón de este nuevo sistema es el cruzamiento automatizado de datos. Se procesará información integrada proporcionada por los distintos organismos sobre liquidaciones de haberes, beneficios previsionales, ayuda social y registros de fallecimientos”.
Según se informó, este procedimiento permitirá detectar con mayor rapidez inconsistencias como la duplicación de cobros en distintas dependencias estatales o pagos erróneos. Los resultados de los cruces informáticos funcionarán como alertas preliminares que luego serán analizadas por los auditores profesionales.
Implementación gradual: municipios, desde 2027
Para facilitar la adaptación de las estructuras administrativas locales, el organismo dispuso un esquema de incorporación progresiva. La normativa ya rige para la administración central y los organismos provinciales, pero los municipios, entes municipales y comunas quedarán exceptuados durante el ejercicio 2026 y deberán integrarse de manera obligatoria a partir de 2027.
Con este avance hacia el análisis basado en criterios de riesgo, el Tribunal de Cuentas busca consolidar una auditoría más oportuna y eficiente sobre uno de los rubros más significativos del presupuesto público.