Entraron a allanar una casa y lo que hicieron con el dinero los dejó al borde de la cárcel

Cinco efectivos de la comisaría de Banda del Río Salí fueron imputados por quedarse con 1,5 millones de pesos durante un allanamiento. La Justicia los acusó de peculado y falsedad ideológica tras un procedimiento ocurrido el 28 de diciembre del año pasado.

Según la investigación, los policías participaron de un allanamiento en una vivienda de calles Balcarce y Jaime Freyre, en el marco de una causa por robo simple. Durante el operativo, encontraron una suma cercana a $1.500.000 que pertenecía a los moradores del lugar.

La Fiscalía sostiene que los efectivos tenían la obligación de custodiar el dinero, registrarlo en el acta y ponerlo a disposición del juzgado. Sin embargo, habrían actuado de manera coordinada para apropiarse del efectivo.

El auxiliar fiscal Federico Lizarraga detalló en la audiencia: "Actuando de común acuerdo y abusando de las funciones propias de sus cargos, sustrajeron la suma de dinero, apartándola de la esfera de custodia funcional derivada del procedimiento que llevaban adelante, sin secuestrarla formalmente ni ponerla a disposición de la autoridad judicial interviniente".

¿Cómo intentaron ocultar el hecho?

Los acusados no solo se habrían quedado con el dinero, sino que también habrían falseado el acta del procedimiento. "Omitieron deliberadamente consignar en el acta de resultado del procedimiento el hallazgo de efectivo, haciendo constar un resultado negativo que no se correspondía con lo efectivamente acontecido durante la diligencia", afirmó Lizarraga.

La imputación fue solicitada por la Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal, a cargo de Mariana Rivadeneira. Los delitos atribuidos son peculado y falsedad ideológica de instrumento público, en concurso real y en calidad de coautores.

La jueza interviniente consideró la gravedad de los delitos y resolvió hacer lugar al pedido fiscal. Los cinco policías continuarán vinculados a la causa bajo medidas de menor intensidad durante los seis meses que dure la investigación penal preparatoria.