Encontraron las puertas cerradas y lo que sucedió después dejó helados a todos

Un colegio de la capital tucumana perdió definitivamente su reconocimiento oficial tras una investigación que reveló graves irregularidades. El Gobierno provincial ratificó la caducidad de la incorporación del Colegio “San Juan Bautista María Vianney”, ubicado en calle Crisóstomo Álvarez 207, dejándolo sin autorización para funcionar ni expedir diplomas con validez nacional.

La medida fue rubricada por la ministra de Educación, Susana Montaldo, y la secretaria de Estado de Educación, María Gabriela Gallardo, a través del Decreto N° 675/5. Este documento rechazó los recursos presentados por la institución para impugnar la Resolución Ministerial N° 0252/5 (MEd) de febrero de 2026.

¿Qué descubrió la investigación?

La investigación administrativa, iniciada en 2024, sacó a la luz una situación crítica en el funcionamiento del establecimiento. Según informes de la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, se detectaron inconsistencias en la matrícula con “discrepancias entre la matrícula declarada en el sistema SIME y la informada en los partes estadísticos”.

Además, se encontraron deficiencias edilicias con riesgo estructural, fallas en instalaciones sanitarias y ausencia de certificado actualizado de Defensa Civil. El decreto oficial subraya que estas faltas “no constituyen hechos aislados, sino que se reiteran a lo largo del tiempo”.

Ya en 2007 y 2014, la institución había pedido excepciones por no llegar al mínimo de alumnos exigido, mientras declaraba cifras superiores en sistemas oficiales para aparentar normalidad.

¿Cómo reaccionó la comunidad educativa?

Los docentes se presentaron normalmente a trabajar el viernes y se encontraron con las puertas cerradas del establecimiento. Allí se enteraron que el colegio había cerrado definitivamente y que los estudiantes serían “reubicados” en otras instituciones pertenecientes al representante legal del colegio, Rodolfo Egloff.

Según relataron los maestros, algunos con más de 20 años de antigüedad, en la institución era habitual la rotación constante de personal debido a reiteradas irregularidades en el pago de sueldos. Muchos docentes trabajaron varios meses sin recibir su remuneración, bajo constantes promesas incumplidas por parte de la Dirección.

“Nosotros, como docentes, queremos una solución a tal atropello a nuestro trabajo”, expresaron los afectados. Además, se sumó otra novedad que generó aún más indignación: no se depositaron los sueldos correspondientes a marzo ni a los 16 días trabajados de abril, ya que la subvención estatal del colegio solo estaba vigente hasta febrero.

¿Qué dijo el Estado sobre las responsabilidades?

Ante el intento de la representante legal de deslindar responsabilidades o solicitar la transferencia del colegio a una firma privada (Egloff SRL) como solución, el Estado fue tajante. Citó el artículo 13° del Decreto Nº 2.191/14 (SE)-93, que establece que “los propietarios y sus representantes legales son responsables del funcionamiento integral del establecimiento educativo”.

El decreto concluye que los pedidos de la recurrente “no resultan idóneos para desvirtuar los fundamentos del acto impugnado”, confirmando así que el Colegio pierde definitivamente su reconocimiento oficial. Esta decisión prioriza “la seguridad de la comunidad educativa y la transparencia del sistema escolar provincial”.

Los docentes afectados exigen una respuesta urgente de las autoridades educativas y del representante legal para resolver la situación de los salarios adeudados y garantizar una solución para los alumnos y el personal.