En Santa Fe ya no cierran solo comercios: la lista de quiebras que encendió la alarma

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de Santa Fe llevó sus reclamos a la Defensoría del Pueblo. Lo hizo con más de mil firmas de vecinos que acercaron sus problemas de endeudamiento, y con un pedido concreto: abrir mesas de negociación con bancos y mutuales para revisar intereses y refinanciar deudas antes de que caigan más comercios.

La presentación no se limita a la situación de las pymes. También apunta al bolsillo de las familias, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de los servicios.

Las quiebras que puso sobre la mesa Galizzi

El presidente de Apyme Santa Fe, Mario Galizzi, fue quien puso el foco en la capital provincial. Según los datos que expuso, de las 17 quiebras registradas en la provincia, 13 corresponden a la ciudad de Santa Fe. Un porcentaje que, según la entidad, refleja la fragilidad del entramado productivo local.

“De las 17 quiebras que se han planteado en la provincia, 13 son en la ciudad de Santa Fe, ciudad que no quiero dejar de recalcar es la cuarta ciudad más pobre de la República Argentina, lo cual la pone en una situación de extrema fragilidad”, afirmó Galizzi.

El endeudamiento de las familias, en el centro de la escena

Para el dirigente, el crecimiento de las deudas está atado a la imposibilidad de afrontar los gastos de todos los días. Y apuntó contra las condiciones de financiamiento que hoy encuentran los consumidores.

“Esta ley liberó las tasas de interés, liberó el aumento de los seguros, liberó el aumento de la obra social; liberó todo. Es peor que la Ley de Entidades Financieras y ha sido la madre de que cada 10 familias, siete estén endeudadas”, sostuvo.

Galizzi también describió el panorama de las pymes y la caída del consumo: “Estamos con récord de quiebras y con récord de negocios cerrados. Se ha perdido en el país casi el 9% del entramado productivo. Es imposible que la gente pueda consumir porque los salarios están embargados, comprometidos, y los servicios aumentaron”.

En ese diagnóstico mencionó los aumentos en las tarifas de los servicios públicos y los combustibles, además de las subas en el transporte urbano de pasajeros de Santa Fe. Y sumó datos del mercado laboral: según expuso, la desocupación llega al 11,5% en el cordón industrial de Rosario, al 10,5% en Villa Constitución y al 9% en el Gran Santa Fe.

Qué le piden puntualmente a la Defensoría del Pueblo

El abogado Néstor Pujato explicó cómo se gestó la presentación. “Con 1.000 firmas de ciudadanos que nos trasladaron su inquietud y su problemática, se hizo una presentación ante la Defensoría del Pueblo. Le pedimos que accione directamente con bancos privados y oficiales, ya que conserva una iniciativa legislativa que puede plantear reformas en ambas cámaras”, señaló.

Entre las propuestas de Apyme aparece la convocatoria a mesas de diálogo con entidades financieras y mutuales para revisar las condiciones de las deudas y fijar alternativas de pago acordes a la capacidad económica de los afectados. También piden que se analicen los descuentos automáticos sobre los salarios y que se impulsen mecanismos de refinanciación colectiva, para que las obligaciones financieras no sigan comiéndose los ingresos de los hogares.

“La Defensoría del Pueblo tiene que estar al frente de este tema y sentarse a discutir con los bancos los intereses usurarios que nos están cobrando con las mutuales, eliminar los códigos de descuentos e iniciar un refinanciamiento en serio de la deuda”, plantearon desde la entidad.

Proteger la casa y el sueldo: las recomendaciones legales

Durante la presentación, Pujato se refirió a las herramientas que tienen las personas endeudadas para resguardar sus bienes e ingresos. Recomendó consultar sobre la posibilidad de afectar la vivienda al régimen de protección de la vivienda —antes conocido como bien de familia— y evaluar las alternativas legales antes de caer en prestamistas informales.

“Establecer un proceso de quiebra no es fácil, pero en muchos casos es preferible antes que el ciudadano recurra a préstamos de gente inescrupulosa. Aconsejamos que la gente constituya el bien de familia y proteja su casa única”, explicó.

El abogado también cuestionó las autorizaciones de descuentos voluntarios, que a su entender pueden firmarse sin que los trabajadores entiendan del todo su alcance. “Con el descuento voluntario muchas veces se engaña a la gente: se le hace firmar la autorización y nunca se le avisa. La gente lo puede revocar cuando quiera; el empleador tiene el deber de proteger el sueldo del trabajador según la Ley de Contrato de Trabajo”, argumentó.

Las recomendaciones apuntan a que los afectados conozcan sus derechos y reciban asesoramiento antes de asumir nuevas obligaciones financieras o aceptar condiciones de pago que comprometan una parte sustancial de sus ingresos.

De reclamo individual a discusión colectiva

Con la presentación ante la Defensoría del Pueblo, Apyme busca que el reclamo individual de cada persona endeudada se transforme en una instancia de discusión colectiva con bancos, mutuales y organismos públicos. La entidad sostiene que una negociación coordinada permitiría analizar alternativas para refinanciar deudas, revisar intereses y reducir el impacto de los descuentos sobre los salarios.

El planteo se apoya en un diagnóstico propio: menor capacidad de consumo, aumento de costos y problemas para sostener la actividad comercial. Ahora la pelota queda del lado de la Defensoría, que deberá evaluar las propuestas y promover instancias de diálogo para las familias y las pymes afectadas.