En plena causa $LIBRA, designan como jueza a la esposa del magistrado que apartó a las querellas
El Gobierno designó a la esposa del juez que apartó a las querellas de la criptoestafa. ¿Casualidad o movida estratégica?
El Gobierno Nacional oficializó este miércoles el nombramiento de Ana María Cristina como jueza federal del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, mediante el Decreto 589/2026 publicado en el Boletín Oficial. Lo que más llama la atención es que se trata de la esposa de Marcelo Martínez di Giorgi, el juez que días atrás apartó a las querellas de la causa $LIBRA, la criptoestafa que involucra al presidente Javier Milei.
“Nómbrase jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, a la doctora Ana María Cristina Juan”, reza el texto oficial. El juzgado fue creado por Ley n° 27225, con competencia en los partidos de Merlo e Ituzaingó, pero aún no fue habilitado por la Corte Suprema de Justicia.
La situación resulta paradójica: el propio Gobierno había justificado la falta de designación de la jueza María Verónica Michelli —cuñada del periodista Alconada Mon— precisamente porque el juzgado no estaba en funcionamiento. Ahora, con Cristina, el argumento parece haber cambiado.
¿Quién es la nueva jueza?
Ana María Cristina, abogada recibida hace 34 años en la Universidad de Buenos Aires, posee un doctorado en Derecho por la Universidad de Palermo. Su carrera judicial comenzó en la década de 1990 en la Cámara Federal de Comodoro Py, donde fue auxiliar, escribiente, prosecretaria y, durante los últimos diez años, secretaria letrada en un lugar estratégico de la Cámara.
El gesto a Milei que desató la polémica
El viernes 3 de julio, el juez Martínez di Giorgi resolvió apartar a las querellas del caso $LIBRA. En su fallo, indicó: “HACER LUGAR a la excepción de falta de acción promovida por la defensa de Mauricio Gaspar Novelli y, en consecuencia, APARTAR a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, del rol de parte querellante”.
La medida dejó como único acusador al fiscal Eduardo Taiano, quien viene siendo criticado por la lentitud de la investigación. Los querellantes desplazados representaban a los damnificados a través de los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust. Mientras ellos impulsaban la causa con múltiples pedidos, Taiano se limitó a decir que la decisión sobre la falta de acción era potestad del juez.
