En El Bajo, un exsargento cobraba alquileres y vendía locales: los puesteros contaron cómo
El exsargento Daniel Chavarría llegó al juicio acusado de quedarse con adelantos de alquiler y de vender locales que todavía no existían. Pero los puesteros de la galería de El Bajo no fueron a mirar: uno por uno contaron lo que vivieron. Qué declararon y qué pena pide la fiscalía.
La tercera jornada del juicio oral contra Daniel Edgardo Chavarría, exsargento primero de la Policía, puso el foco en los puesteros de una galería comercial de El Bajo. Los comerciantes declararon ante la Justicia y detallaron las maniobras que le atribuyen al acusado y el perjuicio económico que habrían sufrido.
Durante la audiencia de este miércoles, los testigos describieron operaciones vinculadas con el alquiler y la comercialización de puestos. Sus testimonios forman parte de la prueba que el Ministerio Fiscal presentó para sostener la acusación.
Qué le atribuye la fiscalía
Según la acusación, Chavarría habría aprovechado la confianza que propietarios y feriantes depositaban en él para cobrar dinero en concepto de adelantos de alquiler y renovaciones contractuales correspondientes a 2024. Esas operaciones, sostiene el Ministerio Fiscal, habrían generado un perjuicio patrimonial tanto para los comerciantes como para la empresa dueña del paseo comercial.
A eso se suma otra imputación: el acusado habría aparentado tener facultades para comercializar locales que todavía estaban en construcción. Bajo esa modalidad, según la teoría del caso, habría concretado la venta de distintos puestos y recibido pagos de personas que creían estar haciendo operaciones legítimas.
En los alegatos de apertura, la fiscalía afirmó que el acusado habría ejecutado un plan sistemático y remarcó que hay una pluralidad de víctimas que se presentaron a denunciar.
La prueba caligráfica y el pedido de pena
Entre las pruebas incorporadas al debate hay una pericia caligráfica realizada por la Dirección de Análisis Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) sobre talonarios y recibos manuscritos que llevaban la firma del imputado.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila. En representación de la fiscalía intervienen la auxiliar de fiscal Emely Rafael y la investigadora Florencia Giménez Saravia.
Chavarría está acusado como presunto autor del delito de abuso de confianza, en concurso real con estafas reiteradas. El Ministerio Fiscal adelantó que solicitará una pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo.
El debate es conducido por la jueza María Alejandra Balcázar.
