Empresarios salteños reclaman por los trenes a Chile y Bolivia: por qué piden incluirlos en la licitación del Belgrano Cargas

La Mesa Empresarial y Productiva de Salta le pidió al Gobierno nacional que los ramales ferroviarios C-14 y C-15 formen parte de la licitación del Belgrano Cargas. El reclamo apunta a reducir los costos de transporte que hoy golpean a los productores del Norte y a aprovechar la cercanía con los puertos del Pacífico.

Julio Fazio, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, explicó en FMYa91.3 que la iniciativa busca achicar la desventaja que tienen las economías regionales frente a las del centro del país. "Contar con un sistema ferroviario eficiente permitiría reducir esos costos", sostuvo.

Qué rol juegan los ramales C-14 y C-15

El C-14 conecta Salta con Chile, mientras que el C-15 tiene salida hacia Bolivia. Según Fazio, el primero ya muestra limitaciones frente al crecimiento que podría tener la actividad minera, y el segundo está prácticamente abandonado.

El dirigente puso como ejemplo el proyecto minero Taca Taca, cuya producción podría salir por los puertos chilenos. Advirtió que, por el volumen proyectado, esa producción incluso podría superar la capacidad actual del C-14.

Para las entidades empresariales, recuperar y potenciar ambos ramales ampliaría las alternativas para sacar la producción salteña al mundo. El C-14 conectaría con Chile y los puertos del Pacífico, y el C-15 abriría una vía hacia Bolivia.

La oportunidad de los corredores bioceánicos

Fazio vinculó el reclamo con la discusión sobre los corredores bioceánicos y remarcó la posición estratégica de Salta. "Estamos mucho más cerca de los puertos chilenos que de los puertos argentinos. Hay una oportunidad importante para sacar nuestra producción al mundo", afirmó.

Sobre la privatización del sistema ferroviario, el empresario planteó que la discusión no debería reducirse a una cuestión ideológica entre gestión pública o privada. Consideró fundamental que, si avanza la participación privada, existan contratos con condiciones claras y un fuerte control del Estado para garantizar las inversiones y el cumplimiento de las obligaciones.