Embargo millonario y procesamiento: la Justicia aprieta a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón

El juez federal Sebastián Ramos procesó al dirigente social Juan Grabois y le trabó un embargo de $5 millones por la ocupación del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ocurrida el 7 de junio de 2025. La resolución lo acusa de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, en una causa que ya tiene un primer imputado: el militante Valentín Peralta.

Según la investigación, Grabois ingresó al inmueble —que dependía del Ministerio de Capital Humano— junto a un grupo de manifestantes sin autorización, cuando el edificio estaba cerrado, y permaneció allí durante horas. El magistrado consideró que las pruebas reunidas, entre testimonios, videos y fotos, acreditan su participación activa. Además, Ramos sostiene que el dirigente alentó la permanencia de los ocupantes e incitó a enfrentar a la policía durante el desalojo.

¿Qué pasó durante el operativo?

El desalojo dejó un saldo de efectivos heridos y daños materiales. Las constancias médicas del expediente reflejan que varios policías sufrieron traumatismos de distinta consideración al intentar recuperar el control del edificio. A Peralta se le atribuye haber agredido físicamente a integrantes de la Policía Federal.

La defensa de Grabois rechazó las acusaciones y argumentó que el dirigente solo actuó como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico “Un Café con Perón”, ubicado junto al Instituto. Sin embargo, el juez descartó ese planteo: las pruebas muestran que el referente del Frente Patria Grande permaneció dentro y tuvo un rol activo en la ocupación.

La pelea por el celular de Grabois

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. En paralelo, la Corte Suprema analiza desde noviembre un recurso de la defensa para impedir que la Justicia acceda al contenido del teléfono celular secuestrado a Grabois. El fiscal Carlos Rívolo pidió que el análisis se limite a las comunicaciones de los días previos y posteriores a la ocupación, preservando el secreto profesional del abogado.

Capital Humano, además, solicitó nuevas medidas de prueba para identificar a todos los participantes de la toma.

Los detalles de la ocupación

La toma ocurrió después de que el Gobierno anunciara el cierre del Instituto. El 7 de junio de 2025, militantes ingresaron al edificio para rechazar la decisión oficial, lo que derivó en un operativo de desalojo. Grabois fue detenido tras un forcejeo y recuperó la libertad horas después. Al salir, calificó el procedimiento como una persecución política y cuestionó la disolución del organismo.

Desde Capital Humano justificaron el cierre por el alto costo de funcionamiento y aseguraron que el patrimonio histórico fue preservado para ser trasladado a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación.

El procesamiento de Ramos es el primer avance judicial contra Grabois por una ocupación de este tipo y aún puede ser apelado ante la Cámara Federal.