Embargaron la finca de Caucete: cuánto podrían cobrar los 17 damnificados de Global Market

Una finca de unos $150 millones ubicada en Caucete quedó bajo embargo preventivo en el marco de la demanda civil que enfrenta a los responsables de Global Market con los inversores que reclaman sus ahorros. La medida la pidió la abogada Vanesa Laciar, que representa a 17 damnificados por la presunta estafa financiera que se investiga en San Juan.

La letrada confirmó a Diario 13 que el embargo ya se concretó. El objetivo es resguardar un bien que, en el futuro, podría destinarse a devolver parte del dinero reclamado. Sin embargo, Laciar fue honesta sobre el alcance: el valor del inmueble no alcanzaría para cubrir la totalidad de las deudas que reclaman sus clientes.

El expediente y el juez

La causa tramita en el Octavo Juzgado Civil, a cargo del juez Walter Ramón Otiñano. Según explicó la abogada, la demanda se encuadró en el procedimiento de derecho del consumidor, que contempla plazos más breves que los de un juicio civil ordinario para la tramitación de los reclamos.

De quién es la finca

El inmueble figura a nombre de GMI Inversiones S.A., una firma vinculada a Global Market Valores S.A. que entró en la mira a partir de las denuncias de inversores que aseguran no haber podido recuperar sus ahorros.

De acuerdo con antecedentes publicados sobre la causa, ambas empresas están vinculadas a Gustavo Omar Ahumada, uno de los principales señalados en las presentaciones judiciales. GMI aparece como la sociedad a través de la cual se habrían instrumentado contratos de mutuo con algunos clientes, en los que se acordaba la devolución del capital entregado más los intereses pactados.

La propia firma y Global Market Valores reconocieron en un comunicado difundido en mayo la existencia de deudas con clientes e inversores. En ese documento atribuyeron las dificultades a un problema financiero y señalaron que GMI Inversiones desarrollaba una actividad minera en una cantera de cuarzo y feldespato en Valle Fértil, cuya explotación había quedado paralizada tras un derrumbe y a la espera de la aprobación ambiental correspondiente.

La relación entre ambas firmas y el recorrido del dinero aportado por los inversores forman parte de los aspectos que debe esclarecer la investigación judicial. Hasta el momento, la existencia de vínculos comerciales o societarios no implica por sí misma una responsabilidad penal, que deberá determinarse en el proceso correspondiente.

Qué falta para que los damnificados puedan cobrar

El embargo es preventivo y no significa que la finca pueda ir a subasta de inmediato. Primero, Laciar deberá obtener una sentencia favorable en el juicio civil que establezca la deuda y habilite la ejecución del bien.

Una vez acreditadas las obligaciones reclamadas, se podrá pedir que la propiedad sea llevada a remate y destinar el dinero obtenido al pago de sus representados. Como son los primeros en reclamar el embargo de este bien, los clientes de Laciar tendrán prioridad sobre el dinero que se obtenga de una eventual subasta futura.

Vale aclarar que el proceso civil tiene un objetivo distinto del expediente penal: mientras la investigación criminal busca determinar si existieron delitos y quiénes fueron responsables, la demanda civil procura que se cumplan las obligaciones pendientes y se compense económicamente a los damnificados.

Una causa con más de 200 denunciantes

El embargo se conoce mientras continúa la investigación por la presunta estafa vinculada a Global Market, que ya supera las 200 denuncias, según información vinculada al expediente. Los damnificados aseguran haber entregado sus ahorros con la expectativa de obtener rendimientos mediante supuestas inversiones de bajo riesgo.

Las estimaciones difundidas durante el avance del caso ubican el perjuicio económico por encima de los $4.000 millones, aunque el monto definitivo todavía debe establecerse. La investigación pasó al fuero federal y busca reconstruir el recorrido de los fondos y determinar qué ocurrió con el dinero entregado por los inversores.

Por ahora, la medida sobre la finca de Caucete representa un primer avance en la vía civil para los clientes de Laciar. La posibilidad concreta de recuperar dinero dependerá del resultado del juicio, del valor que finalmente se obtenga por el inmueble y de si aparecen otros bienes ejecutables.