Elmiger desafía a los intendentes: “Si no quieren sostener la Caja santacruceña, que vayan a la Legislatura”

La ministra de Gobierno de Santa Cruz, Belén Elmiger, salió a aclarar el juego de números detrás del sistema previsional provincial y dejó un mensaje directo para los jefes comunales: si pretenden desligarse del financiamiento, el lugar para discutirlo es la Legislatura, no los pasillos del poder.

Durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, y a raíz de una consulta periodística, la funcionaria desglosó las diferencias entre la Ley 2401 (intransferibilidad de la Caja de Previsión Social) y la Ley 1782, que regula los aportes personales y las contribuciones patronales.

El aporte real de los municipios: 7% y no 20%

Elmiger explicó que el 20% que menciona la Ley 2401 se descuenta de la masa coparticipable provincial antes de repartir los fondos entre las comunas. De esa forma, los municipios no ponen ese 20% de su bolsillo, sino que el aporte efectivo que hacen sobre los recursos que reciben por coparticipación es del 7%.

Pero la ministra marcó una diferencia clave con la Ley 1782, que sí obliga a los empleadores –incluidos los municipios– a ingresar los aportes personales de sus trabajadores y las contribuciones patronales. En este punto, puso el foco en los descuentos que se realizan directamente sobre los salarios municipales.

“El que está en falta es el empleador”

La funcionaria fue contundente al referirse a los fondos que no llegan a la Caja: “El trabajador tuvo la voluntad de pagar, porque se le hizo la retención. El que está en falta es el empleador que no la transfiere”, afirmó.

En esa línea, advirtió que si los intendentes quieren cambiar las reglas de juego, el camino no es dejar de aportar: “Si el intendente o los intendentes ahora no quieren seguir aportando para que el sistema siga siendo santacruceño, deben sincerarse y dirigirse a la Legislatura”.

Con estas declaraciones, Elmiger dejó en claro que cualquier modificación del régimen previsional o del esquema de coparticipación no puede resolverse de forma unilateral, sino que debe ser debatida en el ámbito legislativo.