El vestidor del country guardaba 658 kilos de cocaína: ahora los fiscales pidieron la pena máxima para los acusados
El Operativo Atlantis puso al descubierto 1548 kilos de cocaína listos para cruzar el Atlántico escondidos en veleros. Ahora, en el juicio, la fiscalía reclamó penas de hasta nueve años para los cuatro acusados. ¿Qué resolvió el tribunal?
La causa que sacó a la luz uno de los cargamentos de cocaína más grandes de los últimos años entró en su etapa final. Este viernes, en el juicio que se sigue ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, los fiscales reclamaron penas de hasta nueve años de prisión para los cuatro acusados de integrar la banda que escondía droga en un country de Canning y en una cabaña con muelle en Escobar.
El pedido lo formularon Diego Iglesias y Patricia Cisnero, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), junto a la auxiliar fiscal del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal La Plata, Brenda Brandwajnman Boffi. En la instrucción también había tenido intervención la fiscal Cecilia Incardona.
Todo se remonta al operativo bautizado Atlantis, en el que se secuestraron 1548 kilos de cocaína: 658,74 kilos aparecieron dentro del vestidor de una vivienda del country El Centauro, en Canning, y los 889 restantes estaban distribuidos entre una cabaña con muelle sobre el río Paraná, en Escobar. Según la hipótesis de la investigación, la droga iba a cruzar el Atlántico escondida en veleros con destino a Europa.
Quiénes son los acusados y qué pena pidieron
Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron nueve años de cárcel para Héctor Goñi, de 49 años, y Gustavo Enrique Fabricius, de 57. A ambos los consideraron culpables de tráfico ilícito de estupefacientes en las modalidades de transporte y almacenamiento, agravado por la intervención organizada de al menos tres personas.
Para Gabriel Fuentes, de 52, y Marcelo Castillo, de 60, el pedido fue de ocho años de prisión. La fiscalía los tiene como coautores del mismo delito agravado y, además, de lavado de activos de origen ilícito.
En el mismo alegato, los fiscales reclamaron que se homologuen los acuerdos de juicio abreviado que se firmaron entre diciembre y abril pasados con otros tres imputados. Se trata de Marcelo Ciarlando Véliz, de 64 años, Sebastián Merino, de 50, y el ciudadano español Mohammed El Asri Klaloussi, de 33.
De acuerdo con esos convenios, Ciarlando Véliz recibiría seis años de cárcel; Merino, tres años y diez meses de prisión; y El Asri Klaloussi, tres años, diez meses y nueve días.
Una estructura que movía cocaína entre Sudamérica y España
En su alegato, los fiscales describieron el entramado que investigaron. Hablaron de una "organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, particularmente de clorhidrato de cocaína, que se valía principalmente del medio fluvial y marítimo para transportar ingentes cantidades de narcóticos entre Sudamérica y Europa, siendo el destino predilecto España, donde residen los principales referentes de esta estructura", según consignó el sitio de la Procuración General de la Nación, fiscales.gob.ar.
Cómo empezó la causa: un testigo y un sicario
La investigación que desembocó en las detenciones y en el decomiso de la droga arrancó en 2018, a partir de los datos que aportó un testigo de identidad reservada. Ese testigo, que en otras causas había declarado como arrepentido, era Diego Xavier Guastini, asesinado por un sicario el 28 de octubre de 2019 en Quilmes.
Guastini se encargaba de ingresar al país valijas repletas de dólares y euros con los que se pagaban en Europa los cargamentos de cocaína. Por ese servicio cobraba un porcentaje. También se habría ocupado de la "ingeniería" para blanquear las ganancias de las bandas narco con las que trabajaba.
Según el expediente, el jefe de la organización es un argentino preso en España por otro golpe millonario: el secuestro de 1500 kilos de cocaína en un departamento de Marbella, en abril de 2020. Se trata de Diego Marano, a quien los demás integrantes de la banda llamaban "jefe" en las escuchas telefónicas incorporadas a la causa.
El pasamanos de bolsas en el río y el velero Quo Vadis
A comienzos de junio de 2022, un comando conjunto antidrogas de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval advirtió un aumento de la actividad de la banda. "Por la información surgida de las tareas de vigilancia y, sobre todo, por una escucha telefónica, sabíamos que la banda estaba por mover un cargamento importante", había señalado en su momento a LA NACION una fuente de la investigación.
Con las pruebas reunidas, los investigadores quedaron convencidos de que el cargamento se movería a orillas del río Paraná. "Hubo seguimientos desde la zona del country El Centauro hasta Escobar, donde parte de la banda ocupaba una cabaña con muelle sobre el río Paraná", agregaron las fuentes consultadas.
Los gendarmes detectaron entonces tres embarcaciones que navegaban por el río e iban parando en los muelles de dos viviendas. Desde allí observaron la maniobra: varias personas hacían un "pasamanos" de bolsas pesadas desde las casas hacia las lanchas. El movimiento justificó un seguimiento controlado sobre el agua, hasta que la embarcación se colocó de costado junto a un velero identificado como Quo Vadis y se amarró con coderas.
El velero había sido comprado un mes antes por 5.000.000 de pesos, pagados en efectivo. "La embarcación fue adquirida con dinero proveniente del narcotráfico", dijo una fuente del caso.
Ambas embarcaciones fueron interceptadas y seis sospechosos quedaron detenidos. En una camioneta estacionada en la puerta de una de las cabañas alquiladas, los investigadores encontraron 392 kilos de cocaína; dentro del inmueble decomisaron otros 497 kilos. Al día siguiente, por orden del juez Armella, se allanó una de las casas del country El Centauro y, en un vestidor, apareció el resto: los 658,74 kilos que terminaron de cerrar el Operativo Atlantis.
Cuatro años y medio después de aquel secuestro, el tribunal tiene en sus manos la definición del futuro de los acusados.